Padrón de datos biométricos, nuevo camino hacia la impunidad

Charlene Ramos Hernández, Consejera Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, declaró que la Ley aprobada en lo general y en lo particular, el pasado 14 de febrero por el Senado de la República, respecto a la creación del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que, de acuerdo con el Senado, apoyará en el combate de delitos cometidos por medio de teléfonos celulares, no es más que una nueva línea de impunidad.

Dijo, es innecesaria, puesto que las autoridades pueden y ya lo hacen; solicitar información personal oficial a través de un juez para requerírselas a las compañías telefónicas.

“Es innecesaria, es excesiva, es intrusiva, es insegura y en realidad no va a servir para lo que supuestamente dicen que es la creación, la razón de que supuestamente es para combatir las actividades ilícitas, realmente no va a ser para eso, para lo que va a servir realmente va a ser para incriminar a ciudadanos y ciudadanas inocentes, va a servir para proteger al crimen organizado, va a servir para fomentar las actividades de gobiernos autoritarios que van a estar espiando a las ciudadanas y ciudadanos y amenazandolos con incriminarlos por delitos, en caso de activistas que se nieguen a obedecer a los gobiernos totalitarios y lejos de servir para una protección, va servir en contra de la ciudadanía. No tiene razón, ni se sustenta este exceso de instrucción que votó el Congreso Federal en contra de todos los mexicanos y mexicanas”, manifestó.

Subrayó que no existe garantía alguna de la protección a nuestros datos, al tener como referencia la filtración de los datos proporcionados a las instituciones de gobierno, para fines electorales, de represión gubernamental contra activistas y en particular para la venta de datos en el mercado negro, poniendo en riesgo la vida de las personas y dejando al margen a quienes no cuenten con una solvencia económica suficiente para defenderse.

“Nos estamos jugando literal la vida y nuestra libertad, otra vez, sucederá que las personas que tengan dinero suficiente para contratar a técnicos, expertos que puedan demostrar que esos datos fueron clonados, tal vez, logren defenderse, pero quienes no tengan esa posibilidad económica, necesariamente serán condenados a prisión por un delito que no cometieron, ocasionada por esta situación de supuesta base de datos con la información biométrica que va a ser usada como evidencia en su contra”, refirió.

Explicó que, estará ahora en manos de la ciudadanía exigir a través de impugnaciones marcha a atrás a dicha ley y a las autoridades que cumplan la Ley que ya existe para perseguir y arrestar a los criminales reales y no inventarlo de manera artificial mediante una base de datos.

“Deben mostrar su rechazo en todas las redes sociales a las autoridades que votaron esta legislación y las autoridades que lo están promoviendo y que pretenden ejecutar a nivel federal, expresarán rechazo hacia esta situación. Además identificarlos, porque es importante recordar que ahorita estamos en épocas en las cuales esas mismas autoridades que votan estas legislaciones contrarias a los derechos humanos, están ahora solicitando el voto […] y ampararse, eso es indispensable, presentar los amparos para no dejar que pase esta situación como si nada, porque, realmente lo que está en juegos no sólo nuestra privacidad, es nuestra protección a nuestra dignidad y nuestra vida”, exhortó.

Para concluir, precisó que, con esta ley, la actual legislación está limitando y condicionando a la ciudadanía para elegir entre 2 derechos humanos que son universales, por tanto, no pueden estar uno en contra del otro, ni exigir u obligar a las personas que entreguen sus datos biométricos para tener acceso a las telefonías y tecnologías.