Declara TEE BCS incompetencia para resolver violencia política contra diputadas

La Paz.- El Tribunal Estatal Electoral en Baja California Sur (TEE BCS) resolvió este jueves que no tenía competencia para analizar si hubo o no violencia política por razones de género contra cuatro diputadas del Congreso del Estado.

Las diputadas Daniela Rubio Avilés, Perla Flores Leyva, Elizabeth Rocha Torres y Lorenia Montaño Ruiz interpusieron un Juicio Ciudadano en protección de sus derechos electorales ante el TEE por supuestas destituciones de comisiones en el Congreso del Estado por razones de género por parte de otros legisladores.

El pasado viernes 14 de marzo, dicho órgano dictó medidas cautelares en tanto resolvía de fondo los respectivos Juicios Ciudadanos.
Este jueves 19 de marzo, en Sesión Pública, la resolución recayó en la magistrada presidenta, Dulcinea Apodaca Ruiz. Ésta resaltó que el TEE carecía de atribuciones para determinar si se cometió violencia política o no por razones de género.

En los acuerdos se razona que el Tribunal Estatal Electoral no tiene competencia para resolver la controversia planteada en los referidos expedientes.

“Por una parte, porque no se advierte la vulneración de algún derecho político electoral […], sino que se trata de una destitución al interior del Congreso local, cuya tutela corresponde al derecho parlamentario; es decir, en el caso planteado versa sobre actos emitidos por integrantes de la Decimoquinta Legislatura, lo que lo hace perteneciente a la competencia del derecho parlamentario”, señala el resolutivo.

Asimismo, se enfatizó que existía el principio de inmunidad legislativa y de división de Poderes; en otras palabras, que no era factible que ningún Poder u órgano externo dilucide las controversias que se suscitan al interior de los órganos legislativos”.

Apodaca Ruiz reiteró que debe ser el Poder Legislativo quien decida si hubo o no violencia política, porque era un órgano soberano y era un asunto interno.

La magistrada presidenta lamentó que las facultades y atribuciones del Tribunal Estatal Electoral estén limitadas como autoridad judicial para resolver estos temas.