Niegan defensoría a la jueza Angélica Sánchez Hernández

Sobre la detención de la jueza veracruzana, Angélica Sánchez Hernández, la coordinadora del programa de transparencia en la justicia en ‘México Evalúa’, Laurence Pantin, informó que un juez de control le negó a la defensoría pública la opción de defender a la jueza acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia en el proceso penal 297/2023.

“Estos creo que vienen a agregar a una serie de acontecimientos que demuestran que hay una violencia institucional que se está ejerciendo contra la jueza”, acentuó la Pantin al sostener que posiblemente el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, tiene un conflicto con los juzgadores.

En entrevista para MVS, declaró

“Hay que recordar desde el pasado sábado hay versiones que dicen que el propio gobernador de Veracruz se reunió con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y jueces de la entidad para decirles que, pues, el caso de la jueza solamente es un ejemplo y que eso les iba a pasar a los juzgadores si tomaban decisiones contrarias a lo que le parezca al gobernador”.

En un inusual y controvertido movimiento, el juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, Roberto Santos Maldonado, emitió una polémica orden que prohibió la entrada a la audiencia de vinculación a proceso a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los defensores públicos federales.

Esta decisión, que ha generado fuertes críticas y preocupación por parte de diversos sectores, plantea interrogantes sobre la transparencia y el respeto a los estándares internacionales de justicia en el caso de la jueza Angélica Sánchez.

La jueza Angélica Sánchez optó por ejercer su derecho a la duplicidad del término constitucional, lo cual pospuso la audiencia para resolver su situación jurídica hasta este miércoles a las 10 de la mañana.

En un intento por garantizar la transparencia y velar por el respeto a los derechos humanos, seis abogados defensores públicos federales y representantes de la ONU se reunieron con el juez durante extensas horas, buscando obtener permiso para ingresar a la audiencia como observadores.

No obstante, el juez finalmente dictaminó que la audiencia sería de carácter privado, generando así un debate en torno a la apertura del proceso y la participación de organismos internacionales.