En una histórica decisión legislativa en materia de derechos humanos y laboral, la Cámara de Diputados ha aprobado una reforma trascendental en la ley contra la trata de personas en México. Esta reforma incorpora el trabajo por encima de la jornada máxima establecida como una forma de explotación laboral, abordando un desafío crítico en la protección de los derechos laborales en el país.

La modificación legal, ratificada el pasado 25 de octubre, contempla que las jornadas laborales que superen las 48 horas podrían ser sancionadas con hasta 12 años de prisión al ser consideradas una forma de explotación laboral. Esta enmienda, parte de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fue aprobada en su totalidad por unanimidad y ahora pasa al Senado de la República para su evaluación y ratificación.

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La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del partido Morena, principal impulsora de esta iniciativa, afirmó que esta reforma es una medida crucial para otorgar protección y justicia a las víctimas de trata, especialmente a trabajadoras y trabajadores. Señaló que factores como desempleo, desigualdad, pobreza, violencia, impunidad, corrupción y discriminación ponen en situación de vulnerabilidad a miles de personas trabajadoras, dejándolas expuestas a ser explotadas laboralmente.

Impacto de la reforma y nuevas sanciones por explotación laboral

El proyecto de reforma amplía las penas para las víctimas de trata, incrementando hasta 50 años de prisión en ciertos casos específicos, como el involucramiento de personas menores de 18 años, mayores de 60 años, incapaces de comprender el acto o resistirlo, así como para individuos pertenecientes a comunidades indígenas, afromexicanas, embarazadas o con discapacidad.

En lo que respecta a la explotación laboral, el dictamen modifica el artículo 21 de la ley contra la trata, estableciendo sanciones que oscilan entre 3 y 10 años de prisión, junto con multas de 5,000 a 50,000 días, para aquellos que exploten laboralmente a una o más personas.

La reforma introduce un cuarto tipo de explotación laboral: “Jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley”. Se plantea que el incumplimiento en este aspecto, particularmente en perjuicio de personas indígenas o afromexicanas, conllevará penas de 4 a 12 años de prisión y multas de 7,000 a 70,000 días.

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La diputada Julieta Kristal Vences Valencia subrayó que “La trata de personas es un crimen silencioso, incluso una nueva forma de esclavitud en pleno siglo XXI”, apelando a la conciencia y solicitando el apoyo para esta iniciativa.

Contexto nacional y estadísticas impactantes

Las largas jornadas de trabajo en México, las más extensas entre los países miembros de la OCDE, han llevado a más de 15 millones de personas a trabajar más de 48 horas a la semana, lo que equivale al 26% de la población ocupada. Este es un tema de gran relevancia, ya que las horas de trabajo excesivas han demostrado ser perjudiciales a nivel global, vinculándose a un aumento de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

La reforma no solo aborda la problemática de las largas jornadas laborales, sino que también contempla principios de interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos como fundamentos de política pública para prevenir y sancionar los delitos de trata. Además, la obligación de las autoridades locales de establecer refugios especializados para atender a las víctimas refuerza esta iniciativa.