Desalinizadora, responsabilidad compartida

Palabra de Mujer

El sacar adelante el proyecto de la planta desalinizadora para Cabo San Lucas, más allá de los “dimes y diretes” entre los diputados de oposición y los de Morena- PT y el propio titular del Ejecutivo es una responsabilidad compartida Congreso y Gobierno Estatal.

Aquí no se valen las verdades a medias. Para resolver este conflicto de naturaleza política se requiere de la voluntad de todos: de los legisladores de oposición y los morenistas, para que hagan a un lado las diferencias y se pongan a trabajar y del ejecutivo, para que publique los decretos, acuerdos y nombramientos pendientes.

El gobernador, bien argumenta que no avalará ninguna ilegalidad, ya que lamentablemente lo instruido por la Corte no fue atendido por el Congreso y la gota que derramó el vaso fueron las reuniones del fin de semana pasado de los diputados morenistas, que resolvieron un juicio político que derivó en la destitución de cinco diputados y amonestación de otros tres de diversas fuerzas políticas opositoras y minoritarias.

Pero, la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta donde la responsabilidad del poder legislativo, pero también del ejecutivo?

Desde el 16 de mayo del 2019, 25 y 27 de junio, 26 de septiembre, 3 de octubre, noviembre y diciembre de ese año, se dejaron de publicar los decretos aprobados por el legislativo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

En suma 41 decretos y acuerdos no se han publicado de mayo del 2019 a la fecha.

Mientras los diputados se ponen de acuerdo, mientras la Corte interviene y la decisión que vaya a tomar el titular del Ejecutivo, todos los asuntos están en la congeladora. Temas trascendentales para la vida política, social y económica de Baja California Sur.

Entre los acuerdos pendientes por publicar: reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur; la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur; La Ley de Comunicación Social para el estado de Baja California Sur; Reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California Sur; Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua; la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad para el Estado; reformas a la Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur y Creación de la Ley de Atención Prehospitalaria para el estado de Baja California Sur.

En tanto que los decretos y acuerdos suspendidos destacan: reformas a la Constitución Política del Estado, creación de la Fiscalía General del Estado, Ley para Atender la Emergencia Sanitaria y sus efectos ocasionados por la presencia del Covid-19, Ley de Austeridad Presupuestal para el Estado.

También no ha sido publicado el decreto 2728 que dice lo siguiente: Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado; La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y y municipios, La ley Electoral del Estado y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y del Código Penal para el estado libre y soberano de Baja California Sur (paridad en todos los cargos de elección popular).

Y lo que más ha preocupado a los diferentes sectores de la población, sobre todo en Los Cabos, es lo que va a pasar con la desalinizadora, hay una inversión federal importante, los legisladores están revisando la propuesta, pero si no dirimen diferencias, que pasará con ese proyecto, será aprobado por el legislativo y si se aprueba, lo publicará el Ejecutivo.

En todo este asunto, en quienes menos piensan es en el pueblo, en los cabeños y sudcalifornianos, no solo en el tema del agua, en el tema de garantizar que no haya violencia contra las mujeres y las familias, en garantizar paridad en todos los cargos de elección popular, en la ley electoral, en la ley de los derechos de las personas indígenas y tantas otras.

Tiempo al tiempo, ya el pueblo habrá de colocar a cada quien en el lugar que le corresponde y para eso no falta mucho, de cara al 2021.

Aquí no hay de otra, o esperan a lo que dictamine la Corte y habrá que ver si lo acatan, o tendrán que dirimir diferencias en base a un acuerdo político y volver todo a la normalidad, por el bien de los sudcalifornianos, aquí implica una decisión de madurez política.

Por cierto que el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, recibió el respaldo de los empresarios de Los Cabos que hoy publican una carta en su apoyo, también de la dirigencia del PAN y del PRD, no así, la de la hermana de Leonel Cota Montaño, la secretaria general del Ayuntamiento, Rosa Delia Cota Montaño, quien aseveró que el gobernador no está por encima del legislativo.

Acerca de este tema, platicamos con Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, presidenta del Tribunal Estatal Electoral en Baja California Sur, quien se dijo respetuosa de ambos poderes en el estado, pero sí lamentó que no salga para este proceso la reforma electoral.

Consideró la presidenta del TEE en la entidad que son necesarias las reformas en cada proceso electoral, hoy de cara al 2021 había una en esta ocasión viniendo de las reformas de abril en cuanto a la violencia política contra mujeres en razón de género, toda esta ola de buenos avances sobre este delito y que se hizo la reforma federal, tocaba a nivel local haber armonizado y ya no dará tiempo hacerlo.

Si es una falta importante estas iniciativas para avanzar en materia legislativa, sin embargo, al no darse los órganos electorales están obligados a dar esa certeza jurídica, sobre todo el IEE, quien es el que da las reglas de la contienda electoral para el próximo proceso, tendrá que implementar mecanismos como las acciones afirmativas para dar ese avance en cuanto a temas como paridad e inclusión.