Despenalización del aborto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal en todo el país. Una decisión unánime que obliga a las instituciones de salud pública federales a ofrecer el servicio de forma gratuita. El aborto es uno de los temas álgidos del debate público. Nociones y leyes van cambiado a lo largo del tiempo. Hoy la discusión parece polarizarse en torno a dos posturas:
Por un lado está la que alude a la biología para explicar diferencias fundamentales en las distintas etapas de gestación. Sostiene que la condición del ser humano en potencia en el cigoto o embrión, no es igual a un ser humano en pleno ni tampoco equivale moralmente a un niño, y por lo tanto la interrupción del embarazo en esas instancias no puede ser equiparable al homicidio. Sostiene que la mujer no pierde el derecho de decidir sobre su cuerpo y la gestación forzada constituye una tortura. Afirma que la prohibición agudiza la desigualdad social y vulnera a mujeres y niñas de diversas condiciones. El estado como garante de derechos tiene la obligación de abolir cualquier medida que atente contra su bienestar.
La postura contraria considera que el humano en potencia en cigoto o embrión debe ser equiparado al humano en pleno y el aborto constituiría un homicidio. Sostiene que la mujer pierde el derecho de decidir sobre su cuerpo al momento de la fecundación como inicio de la vida y está obligada a culminar el embarazo no deseado. Quienes defienden esta postura se asumen defensores de la vida sugiriendo así que quienes no comparten su opinión, atentan contra ella.

Bajo la luz de los datos la legalización del aborto response a las necesidades que ambas posturas plantean a pesar de ser contrarias. No estar a favor del aborto ni tampoco a favor de su penalización, es compatible. Sobra la evidencia que muestra que la restricción no incide en la disminución de abortos pero sí en el aumento de complicaciones y muertes de mujeres y niñas en condición vulnerable que no tienen acceso a una interrupción segura como las mujeres con recursos (aunque igual de manera clandestina). La OMS estima que el 13% de las muertes maternas a nivel global se debe a abortos inseguros que se asocia a la condición socioeconómica, la falta de acceso a servicios de salud y a una buena atención médica de emergencia debido a leyes restrictivas y al estigma social. De los 19 millones de abortos inseguros que se calcula se realizan cada año en el mundo, el 97% son en países en desarrollo donde es prohibido.

La revista médica The Lancet publicó un estudio amplio sobre los niveles y tendencias mundiales, regionales y subregionales del aborto entre 1990 y 2014. Entre los resultados se encontró que el número de abortos en países donde es prohibido supera al de países donde es legal. La tasa fue de 38 por cada 1,000 mujeres en el primer caso, mientras que en el segundo fue de 34 por cada mil. Si bien la diferencia no es significativa, lo que sí cambia considerablemente es riesgo de mortalidad de las gestantes. En los países donde es prohibido 3 de cada 4 mujeres y niñas se someten a un aborto inseguro, mientras que 9 de cada 10 lo hacen de manera segura donde es legal. Para el 2019 el aborto fue la cuarta causa de muerte materna en México. Del 2010 a 2018 murieron más de 90 mil mujeres y niñas de entre 10 y 40 años por causas relacionadas con la interrupción en condiciones de riesgo. Otro aspecto son las secuelas. En 2018 los sistemas de información en salud registraron más de 93 mil egresos hospitalarios relacionados a complicaciones.

La legalidad como un factor que disminuye la mortalidad se observó también en la ciudad de México en concordancia con la experiencia de otros lugares. La letalidad por aborto presentaba una marcada tendencia al alza en los años previos a su aprobación. Desde su implementación en 2007 y hasta 2020, el Programa de Interrupción Legal del Embarazo no ha registrado una sola muerte relacionada con el procedimiento dentro de las 12 semanas de gestación. Los decesos por abortos inseguros se dan más allá de las 12 semanas, periodo que sigue siendo restringido. A la luz de la evidencia el temor a que la legalidad del aborto lo promueva como un método de control de natalidad y que su práctica crezca en forma indiscriminada es infundado.

Si el objetivo de la postura que dice defender la vida penalizando el aborto al proteger embriones en calidad de humano, su lucha queda corta. En los ámbitos de la práctica de la investigación médica relacionados a las células madres o las variadas técnicas de fertilización, se utilizan y desechan un sin número de embriones. Desde su perspectiva equivale a homicidios sistemáticos. Ahí sí la prohibición incidiría de manera directa en la protección de embriones. Pero en los abortos la decisión no depende de su legalidad, sino de la voluntad y realidad personal en la que intervienen “N” cantidad de factores.

Para tratar un fenómeno, cualquiera que sea, es necesario conocerlo en su justa magnitud y no será a través de la noción moral cuya miopía reduce este problema a un acto sexual irresponsable que debe ser reparado con la gestación forzada o la cárcel, ignorando también las innumerables realidades en las que se producen embarazos no deseados. Algunas muy duras y complejas producto de una tremenda marginación social cuyas víctimas son principalmente mujeres y niñas. Solo se puede entender la defensa de la prohibición de algunos sectores de la sociedad debido al desconocimiento de su fracaso como medida o porque existe el deseo que el estado imponga un determinado sistema de creencias, utilice sus mecanismos para juzgar y su fuerza para castigar en consecuencia. No importa si con ello se fomenta la clandestinidad y se pone en riesgo la vida de niñas y mujeres vulnerables.

Así como la penalización no disuade, la legalidad no alienta. Las medidas para la despenalización del aborto no resuelven el conflicto personal de una mujer que debe enfrentar una decisión que no quiere tomar, ni significa la conclusión del debate de un tema con profundas y complejas implicaciones, pero sí garantiza un paso imprescindible hacia la justicia social.