Edson Andrade acusa persecución tras ser exhibido por Morena como autor de marcha Generación Z
La confrontación entre el gobierno y el naciente activismo juvenil tomó un giro explosivo luego de que Morena, a través de su presidenta Luisa María Alcalde, exhibiera documentos que vinculan al influencer Edson Andrade —uno de los rostros visibles de la Marcha de la Generación Z— con presuntos pagos del PAN. El ángulo central de la controversia radica en la acusación de financiamiento partidista a un movimiento que se había presentado como apartidista, detonando cuestionamientos sobre la autenticidad del impulso ciudadano y desatando una escalada personal y política que terminó con la salida del país del propio Andrade.
La revelación se produjo cuando Alcalde publicó en redes sociales un documento que, según afirma, muestra que Andrade recibiría poco más de 2 millones de pesos en 12 pagos mensuales por servicios de “estrategia digital y gestión de redes” para el PAN en la Ciudad de México, con depósitos programados hasta enero de 2026. Para Morena, la información contradice el discurso neutral del influencer y respalda su señalamiento de que la oposición busca impulsar tensión social. Alcalde, incluso, recordó declaraciones recientes de Jorge Romero para insinuar que la revelación no era casualidad.
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La difusión del documento amplificó el escándalo porque incluyó datos personales de Andrade —como CURP y domicilio— y la firma de Óscar Agüero Zúñiga, representante del PAN. La filtración abrió un debate sobre la responsabilidad de un partido político al divulgar información sensible y sobre los límites de la confrontación partidista. Al mismo tiempo, la publicación alimentó sospechas entre seguidores del movimiento juvenil, quienes esperaban claridad sobre los vínculos del influencer con instituciones políticas tradicionales.
En su defensa, Andrade confirmó que trabaja para el PAN, aunque acotó que su labor consiste en producir contenidos institucionales donde él no aparece. Aseguró que su empleo no interfiere con su expresión personal y sostuvo que “nos pagan por trabajar”, no por influir en la marcha ni apropiarse del descontento juvenil. Sin embargo, esa distinción no detuvo las críticas ni las dudas sobre la línea que separa su actividad profesional de su activismo en redes.
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El influencer, abogado por la UNAM y figura con presencia creciente en plataformas digitales, pasó en meses de difundir contenido de viajes y estilo de vida a convertirse en un crítico frontal del gobierno. Durante el proceso electoral de 2024 incentivó a los jóvenes a participar, cuestionó reformas clave y, a inicios de noviembre, apareció como uno de los impulsadores de la Marcha de la Generación Z, incluso portando una bandera de One Piece para simbolizar el carácter generacional del movimiento. Su narrativa, centrada en la independencia política, chocó directamente con la filtración publicada por Morena.
La tensión escaló cuando Andrade denunció intimidaciones previas atribuidas al gobierno y, tras la filtración de sus datos, afirmó que su seguridad estaba en riesgo. Argumentó que la exposición de su información lo convertía en “blanco del crimen” y anunció que debía abandonar el país para protegerse a sí mismo y a su familia. El mensaje añadió dramatismo a la disputa, pues colocó el conflicto en un terreno de posibles afectaciones personales y no solo de confrontación política.
El joven aseguró sentirse orgulloso de su trayectoria y se describió como alguien que “viene desde abajo” y que decidió alzar la voz, independientemente de los partidos. Su versión insiste en que su empleo institucional no determina sus posturas, pero la revelación de Morena dejó abierto un debate más amplio sobre la relación entre activismo digital, financiamiento político y la autenticidad de los movimientos juveniles que están buscando mayor incidencia pública.
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