Estados Unidos revoca visas a más de 50 políticos mexicanos

Washington ha retirado las visas de entrada a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una nueva ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados en la esfera política mexicana. La medida, confirmada por fuentes diplomáticas a Reuters, ha generado desconcierto entre las élites mexicanas y amenaza con tensar la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación judicial.

De acuerdo con las fuentes, la revocación masiva de visas incluye a figuras pertenecientes al partido gobernante Morena, así como a miembros de otras fuerzas políticas. Aunque solo cuatro funcionarios han confirmado públicamente la cancelación de su visa, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el número real podría superar el medio centenar. Washington no está obligado a ofrecer explicaciones para estas decisiones, y el umbral para retirar una visa es significativamente menor que el requerido para imponer sanciones formales o abrir un proceso judicial.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos justificó la medida señalando que “las visas pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional estadounidense”. La acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Trump, que busca presionar a gobiernos latinoamericanos —incluido el de Claudia Sheinbaum— a tomar medidas más contundentes contra el crimen organizado. Según analistas diplomáticos, el mensaje político es claro: Washington está dispuesto a usar la diplomacia como herramienta de coerción.

Tres exembajadores estadounidenses coincidieron en que ninguna administración previa había usado la revocación de visas a tal escala, considerándola una señal del endurecimiento de la política exterior de Trump hacia México. “La Casa Blanca está encontrando nuevas formas de ejercer presión”, dijo Earl Anthony Wayne, exembajador en México. En la práctica, la cancelación de visas no solo afecta la movilidad de funcionarios, sino también su reputación pública y su capacidad para sostener vínculos económicos o familiares en territorio estadounidense.

En Palacio Nacional y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el silencio ha predominado. Hasta ahora, ni la presidenta Sheinbaum ni la cancillería mexicana han emitido comentarios oficiales. Sin embargo, fuentes diplomáticas reconocen que el tema genera preocupación dentro del gabinete, especialmente por la posibilidad de que las revocaciones estén sustentadas en reportes de inteligencia de la DEA y otras agencias estadounidenses que vinculan a políticos con actividades ilícitas.

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El endurecimiento no se limita a México. Durante los últimos meses, Washington también ha revocado visas a funcionarios de Colombia, Brasil y Costa Rica, incluyendo a figuras de alto rango como el expresidente Óscar Arias. En palabras del exembajador Christopher Landau, conocido en círculos diplomáticos como “El Quitavisas”, esta política busca “proteger la integridad del sistema estadounidense” y sancionar a quienes se perciben como una amenaza para sus intereses.

Dentro de México, la medida ha provocado una mezcla de desconcierto y temor. Algunos políticos afectados han evitado hablar del tema por considerar que admitir la revocación podría interpretarse como una señal de culpabilidad. Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, advirtió que estas cancelaciones no implican necesariamente una investigación penal, pero sí pueden ser indicio de vigilancia activa. “Lo más probable es que nunca se sepa si Estados Unidos investiga o no a esas personas, al menos no en varios años”, señaló.

El episodio ocurre en un momento particularmente sensible para la relación bilateral. Mientras Sheinbaum intenta mantener la cooperación con Washington en la lucha contra los cárteles, Trump ha insinuado que no descarta acciones unilaterales en territorio mexicano, lo que ha provocado malestar en el gobierno. Para diplomáticos veteranos, la ofensiva de las visas refleja un giro más agresivo en la política exterior estadounidense: uno que busca castigar, presionar y moldear el comportamiento de los socios al sur del Río Bravo.

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