Emilio “N” y la traición a la patria

Los medios de comunicación tradicionales nos han atiborrado de filtraciones en los últimos días. 

Dan detalles de los nombres del poder político inmiscuidos en el lodazal de corrupción que abrió la declaración de Emilio “N” en España, pero nos hace falta algo en este diálogo de traiciones.

Hay un gran elefante blanco en la sala, nadie quiere hablar de ello: la legitimidad y legalidad de la reforma energética. 

En otras palabras, del despojo de la riqueza de la nación a partir de coimas a diputados y senadores para la aprobación de dicha reforma. Un ataque certero a la soberanía y seguridad nacional.

El régimen neoliberal tuvo siempre como joya de la corona pasar a manos de capitales privados el usufructo de la riqueza nacional basada en los recursos naturales estratégicos. Su objetivo era desmontar el monopolio defensivo que significaba PEMEX.

Mismo que había servido como un mecanismo efectivo para resistir una subordinación mayor sobre nuestra nación en la relación centro-periferia dentro del mercado mundial.  

Desde que Lázaro Cárdenas del Río realizó la expropiación petrolera, las petroleras en aquella época prometieron regresar. 

Su apuesta, por principio, era volver lo antes posible, pensaban que México no podría resolver pronto la producción de tecnología para mantener la producción petrolera. Se equivocaron estrepitosamente, la ingeniería mexicana logró la hazaña. 

Pero, en el largo plazo, el petróleo y el gas siguen ahí y los capitales transnacionales pudieron regresar por la puerta de atrás de la mano de millonarios sobornos. 

El Código Penal Federal, en su artículo 123 establece el delito de traición a la patria para quienes realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana. 

No estamos hablando de simple corrupción. Fue una operación desde el Estado para privatizar la industria energética. Para revertir la expropiación petrolera y permitir la entrada de capitales al control de petróleo y gas. 

En los sistemas democráticos, la Constitución funciona como un acuerdo político para el conjunto de la sociedad. Su modificación parte del hecho de reconocer cambios en las circunstancias para las que fueron pensadas. 

La reforma energética es la expresión más clara del modus operandi de la tecnocracia neoliberal. 

La llegada al poder del PRI después de permanecer 12 años sin la presidencia de la república se dio en un contexto de una compra de votos inédita, no por la acción misma sino por la inmensa cantidad de recursos usados en esta operación. 

Habría que recordar que el IFE (ahora INE), sancionó a la campaña de López Obrador por haber rebasado los topes de campaña, pero nunca vio ni sancionó nada respecto de las operaciones que se realizaron con el sistema MONEX. 

Estamos pues, ante un sistema de complicidades muy profundo, que modificó la Constitución con un pacto de corrupción que operó a través de lo que públicamente se denominó Pacto por México.

Los medios de comunicación que también se vieron beneficiados por este sistema, se rasgaban las vestiduras porque al inicio de este gobierno presuntamente se violentaba la autonomía de entes como la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Gracias a las declaraciones que empiezan a filtrarse ahora sabemos que uno de los objetivos del prianismo es proteger a como dé lugar las modificaciones de las leyes secundarias de la Reforma Energética, ya que estas salieron más caras debido a que los diputados y senadores pidieron más dinero en esa segunda votación.

El delito no nada más es por la corrupción del caso Odebrecht, la propia Fiscalía General de la República debe investigar si esta fue la única empresa que colaboró con recursos para la modificación constitucional. 

Aunado a eso, el delito de traición a la patria debe aplicarse a todo aquel diputado o senador que vendió su voto. 

Hay un efecto corruptor en esta reforma constitucional que no puede dejarse de lado. No puede seguir ese elefante blanco en la sala, la reforma energética es producto de la corrupción e impunidad del sistema.  

El presidente López Obrador ha dicho que no es tapadera de nadie, y que la corrupción se barre de arriba hacía abajo. 

La Constitución es aquello que aglutina a todos en un estado de derecho, la Carta Magna de México fue vulnerada y sometida a la corrupción por un régimen traidor a la patria. Es hora de acabar con la impunidad.