Empresarios descartan proyectos de saneamiento ambiental; no son prioritarios
Desde la implementación del Derecho al Saneamiento Ambiental hasta la fecha, el fideicomiso de este impuesto ha recaudado 100 millones de pesos, los cuales se han destinado a realizar obras que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Los Cabos y tener un impacto positivo en el medio ambiente.
Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, ha indicado que el sector empresarial, que forma parte del Comité Técnico del Derecho al Saneamiento Ambiental, ha revisado minuciosamente los proyectos presentados por las autoridades. Se destaca que aproximadamente el 50% de las propuestas han sido descartadas por no representar un beneficio significativo para la comunidad.
“Definitivamente, si se han revisado, no tengo el número ahorita de la cantidad de propuestas que llegan a la mesa de parte de las diferentes áreas del gobierno que plantean la necesidad de una obra. No tengo el porcentaje, pero te puedo decir que al menos el 50%, yo creo que más de lo que se ha planteado en la mesa, hemos dicho que esto lo vamos a dejar para analizar con calma porque no vemos ahorita que sea algo urgente”.
El Consejo Coordinador señaló que los empresarios han aprobado los proyectos mediante un razonamiento serio y objetivo, considerando las necesidades de la población.
El sector empresarial mencionó que gran parte de los fondos del Derecho al Saneamiento Ambiental se han dirigido a obras relacionadas con el agua potable, las cuales han arrojado resultados positivos para la población.
“Al menos de nuestra parte, si ha habido un razonamiento serio y objetivo, no sea a votar por el criterio político-electoral o de conveniencia para alguien. Ha sido pensando en lo que la gente necesita, y si te has dado cuenta las obras dónde más dinero se ha invertido es en materia de agua potable; suministro del vital líquido. No solo es el pozo del puente chaparro, sino que hay otras obras que se autorizaron que tienen que ver con suministrar agua”.
Fue en septiembre del 2022 que entró en operaciones el Derecho al Saneamiento Ambiental, impuesto que se recauda a partir del 30% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada cuarto-noche que reserven los visitantes.
LLG
