Esperan resultados de denuncia contra ex servidores públicos por daño patrimonial en BCS

El pasado 8 de febrero del 2024, la titular de la Contraloría del Congreso del Estado de Baja California Sur, Karla Mendoza Higuera, denunció a exservidores de la anterior legislatura del congreso por haber cometido delitos contra el patrimonio por un daño patrimonial mayor a los 20 millones de pesos.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue recibida por la autoridad judicial, quien inició las investigaciones conforme a los datos de prueba presentados en este caso.

En torno al tema, el diputado local, Eduardo Van Wormer, dijo que, a más de 6 meses de la apertura de la carpeta de investigación por el presunto delito, siguen las indagatorias correspondientes. De ser acreditado el daño patrimonial por parte de los ex integrantes de la XV legislatura, se establecería un suceso sin precedentes en la historia del Poder Legislativo en el estado.

“Esta legislatura emprendió una serie de análisis y una auditoria también en la cuestión del manejo de la pasada legislatura, y los resultados todavía están por darse a conocer. Estamos esperando los resultados y vamos a darle seguimiento, por supuesto.”

Según el Código Penal Estatal de Baja California Sur, son delitos contra el patrimonio aquellos destinados a menoscabar el activo de bienes y derechos de un particular, persona jurídica o institución pública con ánimo de lucro. Siendo los delitos patrimoniales más comunes el robo, fraude, el despojo y la extorsión.

Al ser uno de los candidatos de reelección que resultaron favorecidos en las pasadas elecciones efectuadas en Baja California Sur, Van Wormer dejó en claro que los nuevos legisladores que integrarán el congreso del estado seguirán de cerca los avances de esta denuncia para que no quede impune el delito, y que los responsables sean castigados bajo las leyes penales.

“No tenemos muchos detalles todavía que les podamos compartir, pero lo que si es que estaremos muy pendiente la próxima legislatura de los resultados de dicha investigación y sobre todo darle seguimiento al proceso que haya que realizar.”

Si se llegaran a acreditar los elementos del tipo penal, se podría judicializar la carpeta para la continuidad del debido proceso y dar paso a la resolución del caso. Los ex servidores públicos denunciados podrían ser sujetos a un dictamen de vinculación y ser sentenciados a prisión por daño patrimonial en caso de ser declarados culpables.

AT