Exigen en Palacio Nacional la destitución de funcionarios por conflicto en transporte de BCS

Un grupo de alrededor de cien personas, entre choferes, permisionarios federales, familiares y representantes del sector turístico, se manifestó este lunes frente a Palacio Nacional. Los manifestantes, pertenecientes al Frente Turístico de Baja California Sur, exigieron la destitución de funcionarios estatales y federales por presunto conflicto de intereses y actos de presión contra transportistas turísticos.

Adrián García, representante del Frente, explicó que los transportistas federales solicitan la remoción del director estatal de Transporte, Martín Salinas, así como del titular del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Baja California Sur, Marco Antonio de la Rosa. A ambos se les acusa de presionar a los permisionarios para incorporarse al nuevo Sistema Estatal de Transporte Privado y Comercial (SISTPC), el cual —aseguran— no está respaldado por la ley y vulnera sus derechos.

“Estamos en la Ciudad de México, somos poco más de 100 personas: choferes  y dueños de transportadoras. Buscamos un acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la destitución de Martín Salinas por conflicto de intereses. Nos quieren obligar a usar una plataforma que no existe en la ley y que restringe nuestro derecho al trabajo”, señaló.

El Frente indicó que ya entregaron un pliego petitorio a la Secretaría de Gobernación, donde fueron atendidos por personal de la dependencia. Informaron que se está gestionando una reunión formal para presentar sus demandas.

Los transportistas turísticos afirmaron que permanecerán atentos a la respuesta del Gobierno de México. Señalan que las recientes reformas y medidas administrativas impuestas por autoridades estatales han restringido la operación de transportadoras independientes, favoreciendo a concesionarios locales presuntamente vinculados con funcionarios públicos.

Asimismo, denunciaron una falta de imparcialidad en la aplicación de sanciones, operativos y autorizaciones, lo que ha derivado —según afirman— en un entorno de competencia desleal y exclusión del transporte turístico federal en Baja California Sur.