Extemporáneo veto del Ejecutivo a Ley de Pueblos Indígenas: H. Arce

•  Sobre dichas observaciones, mismas que el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis solicitó analizar a los integrantes del Congreso del Estado, Arce Cordero indicó que las revisarán para ver si es el Mandatario estatal quien tiene la razón o no

La Paz.- El veto parcial del Ejecutivo del Estado al decreto de la Ley de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur, se dio de manera extemporánea, así lo aseguró el diputado Humberto Arce, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado.

“Sin embargo, lo hizo muy fuera de tiempo, la ley reglamentaria establece, una vez emitido el decreto enviado el Ejecutivo, éste tiene diez días hábiles para mandar sus observaciones y, si hubiere o se atravesare en esos diez días un período de receso como fue el caso, estas observaciones deberán ser entregadas el primer día de sesiones, y las observaciones fueron entregadas apenas ayer cuando ya van dos semanas de sesiones; entonces, están fuera de tiempo esas observaciones”.

Según el comunicado del Gobierno del Estado, dicha Ley contraviene otras leyes y normativas. Entre las observaciones que se hicieron, están el que ésta fue legislada sin contar con estimaciones de impacto presupuestario, como lo establecen la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como los lineamientos para la Evaluación del Impacto Presupuestario de los Proyectos de Iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos o Reglamentos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

Sobre dichas observaciones, mismas que el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, solicitó analizar a los integrantes del Congreso del Estado, Arce Cordero indicó que las revisarán para ver si es el Mandatario Estatal quien tiene la razón o no.

“Tenemos dos opciones, una, revisar las observaciones, ver si el Gobernador tiene razón, porque la pudiera tener, modificarlas y hacer la votación en el Pleno; y, la otra, establecer si no tiene razón el Gobernador, que se ratifique el decreto en el Pleno y ahora sí se manda a publicar y, en la segunda ocasión ya no tiene derecho a veto el Gobernador, esas son las posibilidades que estamos viendo”.

Aunque, de cierta manera, lo consideran como un acto autoritario por parte el Gobernador, el Diputado aseveró que no se cerrarán por ver quién tiene la razón, sino que se avocarán a la revisión de las observaciones. “No sé cómo explicarlo, pero es como un acto, nosotros nos sentimos como de autoridad, un acto autoritario decir ‘aquí mando yo’, o sea, esas observaciones debieron haber sido desde mucho tiempo; aparte, fue una ley bastante socializada, se hicieron foros estatales, municipales, múltiples reuniones. Del impacto presupuestal no lo consideramos nosotros tan significativo como para que se vete.

Añadió: “Hay que analizar, no nos cerramos a que nosotros no nos equivocamos, al final de cuentas es un derecho que tiene el Gobernador, lo está ejerciendo, lo único que nosotros le vemos es que fue un veto de mucho tiempo después del plazo legal, y habrá que analizar qué es lo que vamos a hacer”.

Esta no es la primera vez que el Gobernador veta un decreto enviado por el Poder Legislativo local, pues también en la pasada Legislatura vetó dos; en la actual, con esta última, sumarían dos más.

Fue en medio de debates y polémicas que, en julio del 2017, el Gobernador del Estado vetó las reformas al Código Penal de Baja California Sur que el Congreso estatal había aprobado previamente sobre la legítima defensa.

Se dijo en ese momento que se buscaba proteger al ciudadano que, a pesar de tener el derecho de defenderse legítimamente, podría caer en un “exceso” en el uso de éste. El artículo reformado consistía en que la legítima defensa no podría tipificarse el exceso de ésta como “delito grave” que implicara ser privado de la libertad u otra sanción.

Incluso, el tema dio de qué hablar antes, durante y después de aprobarse, pues dicha propuesta fue hecha por un integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Zamora García.

En noviembre de ese mismo año, se vetó la Ley de Fomento y Desarrollo Cultural, propuesta por la entonces diputada independiente, Rosa Delia Cota Montaño. En esta se argumentó que invadía y violaba normativas, programas y presupuestos estatales.

Después, a casi tres meses de iniciar la actual Legislatura del Estado, Mendoza Davis, aplicó un veto parcial al Decreto 2573 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Baja California Sur, así como a las relativas a la uniformidad en la denominación de la Auditoría Superior del Estado, en donde se crea una Unidad de Fiscalización.