Extorsión institucional en Tequila: FGR documenta cobro de piso millonario desde la alcaldía

La investigación federal contra el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, expone un esquema sistemático de extorsión que habría operado desde el propio gobierno municipal, con cuotas que iban desde cobros mínimos a vendedores ambulantes hasta exigencias de hasta 60 millones de pesos a grandes empresas tequileras. El caso, integrado por la Fiscalía General de la República, perfila una red de abuso de poder con impacto directo en la economía local y el sector turístico.

El expediente abierto por el Ministerio Público federal detalla que, desde la llegada de Rivera Navarro al gobierno municipal, comerciantes, guías turísticos y empresarios comenzaron a ser presionados para pagar “derecho de piso” bajo amenazas de clausuras, multas ilegales o agresiones. La carpeta de investigación incluye testimonios del cabildo, empresarios y comerciantes que coinciden en un patrón de cobros arbitrarios y coercitivos.

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Las pruebas recabadas por personal de inteligencia describen cómo funcionarios municipales operaban las cuotas por instrucciones directas del alcalde. Entre los elementos documentados se encuentra la intervención de la línea telefónica del jefe de padrón de licencias, Francisco Javier Rivera Gutiérrez, en la que se le escucha ordenar el incremento del cobro por tour turístico de 25 a 50 pesos por persona, sin margen de negociación, como una instrucción directa del presidente municipal.

El alcance de las extorsiones no se limitó al turismo organizado. Vendedores del centro histórico declararon que todos los comerciantes de la zona debían pagar cuotas semanales que oscilaban entre 500 y 1,500 pesos, dependiendo del giro, y que los cobros se realizaban principalmente los fines de semana por operadores cercanos al alcalde, acompañados por otros hombres para intimidar.

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La violencia apareció como método de control para quienes se resistían. Uno de los testimonios integrados en la investigación señala que los vendedores que se negaban a pagar eran privados de la libertad y golpeados, lo que reforzaba el mensaje de que el cobro no era opcional. Estas prácticas, según el expediente, se sostenían mediante la colusión entre funcionarios municipales y la policía local.

Los empresarios también fueron blanco del esquema. La FGR documentó casos en los que se exigieron pagos de 150 mil pesos para evitar el cierre de negocios, así como multas fabricadas que alcanzaron los dos millones de pesos. En estos episodios, los denunciantes relatan amenazas directas, clausuras inmediatas y advertencias sobre supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación como mecanismo de presión.

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El expediente también revela que las prácticas de coerción alcanzaron al propio cabildo. Una regidora denunció que el alcalde redujo su salario a la mitad para condicionar su voto y que, tras oponerse a un endeudamiento millonario, el gobierno municipal clausuró el negocio de su hija como represalia política.

El caso de mayor escala involucra a la empresa tequilera José Cuervo. De acuerdo con la carpeta de investigación, funcionarios municipales exigieron un pago de 60 millones de pesos para no clausurar la planta Cuervo 1800, bajo el argumento de supuestas irregularidades administrativas. La empresa denunció que el monto era desproporcionado y que se trataba de un cobro extorsivo, lo que terminó por detonar una de las líneas más delicadas de la investigación federal.

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