Feministas denuncian hostigamiento de la policía estatal previo 8M

Los preparativos para la marcha del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de la Mujer” se vieron opacados para un grupo de activistas feministas de Baja California Sur, y fue por la interrupción de elementos de seguridad pública estatal, quienes llegaron hasta la puerta de sus viviendas. Según expusieron, las mujeres fueron hostigadas por los agentes.

Hecho que Daniela Reyes, periodista y activista, denunció a través de la red social Tik Tok. En un video relató que elementos de la policía estatal llegaron a casa de sus familiares preguntando por ella, y lo mismo le ocurrió a tres mujeres más. Esto la hizo sentir hostigada y que sus derechos no fueron respetados.

De acuerdo con Daniela, la visita de los estatales fue justo un día antes del 8M, previo a la marcha en la que participan cada año.

“¿Cuidarme la policía?, no, a mí la policía me hostiga y violenta mis derechos principalmente la del gobierno de Baja California Sur a cargo del gobernador morenista Víctor Castro Cosío, el pasado 7 de marzo un día antes de la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, elementos a bordo de la policía estatal, en La Paz, se presentaron en el domicilio de mis familiares preguntando por mi nombre para apoyarme y para decirme que iban a estarme cuidando durante la marcha, siempre y cuando, me manifestara de forma pacífica”, dijo.

Señaló que es una acción ilegal por el uso de datos personales y cuestionó cómo obtuvieron la información de las mujeres que asistirían a la marcha. Hizo hincapié en que no fue un caso aislado.

“Y no fui solo yo, visitaron al menos el domicilio de otras tres personas a las que intimidaron, esto es ilegal por todas partes, porque primero ¿cómo obtuvieron los domicilios? ¿Utilizando inteligencia contra las activistas? Sea la forma en la que sea, es un delito filtrar datos personales y que sea de personas defensoras de derechos humanos me parece gravísimo”.

En el video también destacó que el trasfondo por el cual se presentaron los elementos aún se desconoce, si era para provocar o intimidar y preocupa que autoridades estatales están hostigando a quienes buscan manifestarse teniendo también como antecedente una detención el 25 de noviembre del año pasado, durante la marcha por el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

“No sabemos qué es lo que buscan exactamente con esta estrategia. ¿Infundir miedo en las activistas para debilitar la causa? ¿Buscan provocar al movimiento para justificar el uso de la fuerza pública? Pues no lo sabemos, pero lo que sí preocupa es que el gobierno estatal emprenda estas estrategias cada vez más hostigadoras hacia las activistas. En la marcha, el 25 de noviembre los mismos policías estatales que hoy se acercan a ayudar y a invitar a marchar pacíficamente, detuvieron arbitrariamente con uso de la violencia y sin fundamento legal a una manifestante y la incomunicaron por varias horas”.

Tras dichas acciones del 7 de marzo, no dudó en hacer responsable al gobierno estatal ante cualquier situación que suceda con ella, el resto de las activistas y de sus familiares; por último invitó a que se acerquen con las instancias correspondientes para interponer su denuncia formal si estuvieron en una situación similar.

“Por eso quiero hacer responsable al gobierno de Baja California Sur a cargo de Víctor Castro, si algo me sucede a mí, alguna de las manifestantes o a nuestras familias, también queremos saber quién es el responsable detrás de esa instrucción, queremos que pare y queremos justicia. Si a ti también te busco intimidó la policía, puedes poner una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y denunciar ante la unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, no estamos solas, basta del acoso intimidación hacia las activistas y de la criminalización de la protesta”.

La activista dijo que ojalá la policía, en lugar de hostigar e intimidar a quienes se manifiestan, mejor usara esos recursos, personal, tiempo e inteligencia para prevenir y atender la violencia de género, que es de lo que sí tiene atribuciones.