Fiscalía General de la República investigará el caso Fortius

Continúan las averiguaciones respecto a los daños ecológicos en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de Balandra, luego del incendio y hundimiento de la embarcación ‘Fortius’ que ocurrió la madrugada del domingo 21 de agosto en la bahía de la zona protegida. En esta ocasión la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el inicio de las investigaciones en contra de quien resulte responsable. 

La carpeta de investigación maneja el caso como delito Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental de un Área Natural Protegida (ANP), el caso es resultado de las denuncias que interpusieron la dirección regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Mediante un comunicado de prensa oficial, dieron a conocer que un agente del ministerio público de la federación ya solicitó información sobre los hechos que se registraron hace dos semanas y media, a las autoridades federales y estatales que atendieron los reportes del incidente y que han dado seguimiento a las medidas de cuidado y protección ambiental, quienes elaboraron los dictámenes periciales del incendio, hicieron la cuantificación de daños ambientales registrados hasta el momento y la propuesta de remediación en el área.

Además, llevarán a cabo las averiguaciones pertinentes hasta obtener las pruebas necesarias para acreditar el hecho que la ley señala como delito, la responsabilidad penal que resulte, la determinación del monto de la reparación del daño y la aplicación de las medidas necesarias de bioremediación.

Cabe destacar que la Fiscalía menciona los hechos como una “contaminación considerable” por hidrocarburos y los restos de la embarcación, teniendo como consecuencia el riesgo inminente de los recursos naturales del área de protección ecológica de Balandra. 

Aunque la Conanp no ha revelado información al respecto, en fechas recientes la Profepa notificó sobre la denuncia que interpuso esta dependencia federal el 24 de agosto ante la FGR, la cual ya está siendo investigada. En esa ocasión, señalaban que la pena podría ser de uno a nueve años de prisión y de tres a tres mil días de multa, pero al tratarse de un Área Natural Protegida (ANP) los años de prisión incrementan hasta en tres años y la sanción económica en mil días extra.