Fin del TPS para venezolanos en Estados Unidos causa miedo por riesgo de deportación
La medianoche de este viernes marcó un punto de quiebre para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos, tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), decisión impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump y avalada por la Corte Suprema. Con esta medida, aproximadamente 250 mil migrantes venezolanos pierden su protección frente a deportaciones, mientras otros 350 mil que habían accedido al programa en 2023 ya quedaron sin cobertura hace unas semanas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que los beneficiarios del TPS deben “prepararse para regresar a Venezuela si no cuentan con otra base legal” para permanecer en territorio estadounidense. La medida pone en jaque a miles de familias que habían reconstruido sus vidas durante los últimos años, muchas de ellas con hijos nacidos en suelo estadounidense.
El TPS para Venezuela fue implementado en 2021 por la administración de Joe Biden, como respuesta a la crisis política y humanitaria que atraviesa el país sudamericano. En su momento, el programa permitió a los migrantes trabajar y residir legalmente mientras se estabilizaba la situación interna venezolana. Sin embargo, el actual gobierno republicano considera que existen “mejoras notables” en Venezuela, argumento que sustentó la decisión de suspender el programa.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en enero de 2025 la cancelación definitiva del beneficio, decisión que fue temporalmente bloqueada por un tribunal federal de California. No obstante, el máximo tribunal del país falló dos veces a favor de Trump, despejando el camino para que el TPS llegue oficialmente a su fin. El fallo dejó a decenas de miles de venezolanos en un limbo migratorio sin opciones inmediatas.
Los abogados especializados en inmigración coinciden en que las alternativas para evitar la deportación son limitadas. El asilo político sigue siendo una vía posible, pero el proceso es altamente restrictivo: el solicitante debe demostrar persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Además, muchos venezolanos no presentaron su solicitud dentro del plazo legal tras ingresar a EE.UU., lo que complica aún más su caso.
Existen otras alternativas, aunque más específicas y lentas. Algunas personas podrían solicitar una visa U (reservada a víctimas de delitos graves cometidos en EE.UU.) o regularizar su estatus a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, ambos caminos implican procesos largos y, en algunos casos, la salida temporal del país para obtener la residencia, lo que podría derivar en la prohibición de reingreso.
“Al perder el estatus, también pierden la posibilidad de trabajar legalmente, obtener licencias de conducir o continuar estudios”, explicó el abogado de inmigración Haim Vásquez, quien recomendó a los afectados buscar asesoría legal inmediata antes de tomar decisiones precipitadas, como salir del país o cambiar de dirección sin notificar a las autoridades migratorias.
Para muchos venezolanos, volver a su país no es una opción viable mientras el gobierno de Nicolás Maduro permanezca en el poder. Sin embargo, algunos ya planean el retorno voluntario, con la esperanza de evitar sanciones futuras o prohibiciones de ingreso a Estados Unidos. Vásquez enfatizó que cualquier decisión “debe tomarse con respaldo jurídico, para no comprometer la posibilidad de un futuro regreso legal”.
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