Fiscalía Anticorrupción sigue con 13 casos pendientes en BCS

La sentencia emitida contra la exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), Rosalva “N”, representa un precedente jurídico para la Fiscalía Anticorrupción del estado. La exfuncionaria fue condenada a tres años de prisión, diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y al pago de más de 1.7 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Esta resolución judicial es la primera de su tipo obtenida desde la creación de esta fiscalía, la cual tiene 13 más en proceso.

El fiscal anticorrupción en Baja California Sur, Lenin Emiliano Ortiz Amao, explicó que, con este resultado, la Fiscalía superó la pena mínima establecida para el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, la cual es de dos años. La condena obtenida no permite beneficios penitenciarios, lo que implica que la sentenciada deberá ingresar al Centro de Reinserción Social (CERESO).

“En la práctica, el 95% de los casos se sancionan con la pena mínima. En esta ocasión, nosotros pudimos estar por encima de la mínima que son 3 años y además esta penalidad de 3 años implica que no alcanza ningún tipo de beneficio penitenciario. Baja California Sur para acceder a algún beneficio penitenciario, es necesario que la pena de prisión no rebase los 2 años. En esta en este caso al rebasar los 3 años, lo que implica que una vez que la sentencia quede firme, las personas sentenciadas deberán ingresar al CERESO”, declaró Ortiz Amao.

El fiscal añadió que este caso fue el primero en judicializarse desde el inicio de la fiscalía, lo que explica que sea también el primero con una sentencia definitiva. Indicó que en su momento se llevarán a cabo cada uno de los casos pendientes.

“Adicional a este caso tenemos 13 procesos en trámite, es decir, que una vez terminados todo el proceso penal, llegaremos a estos resultados, a estas instancias. Casos como el de las calamareras de Santa Rosalía, Viajes Perla, el Ayuntamiento de Los Cabos, el de las licencias de alcohol, todos esos casos están siguiendo su proceso para llegar a este objetivo que es el de juicio oral y en su momento buscar las sentencias condenatorias”, precisó.

Ortiz Amao señaló que la fiscalía ha enfrentado obstáculos como recursos de apelación y amparos que prolongan los procesos. También mencionó que, a partir del 1 de junio, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, derivado de la reforma al Poder Judicial, podría reducir los tiempos procesales, ya que esta figura busca que los asuntos no se prolonguen por más de seis meses.

AT