Fiscalía mantiene bajo sigilo investigación del caso Balandra

La Fiscalía General de la República (FGR) se negó a entregar las copias del expediente que inició en septiembre pasado para investigar el daño ambiental que ocasionó la embarcación Fortius en el área de protección de Balandra, en Baja California Sur.

Desde el mes pasado se solicitó vía transparencia a la FGR la copia de los registros de la investigación iniciada por los delitos contra el ambiente tras el hundimiento del yate, pero la delegación de la Fiscalía en Baja California Sur clasificó como reservada la información al tratarse de un “expediente en trámite”.

La solicitud de información enviada por CPS Noticias intenta conocer detalles sobre las diligencias ministeriales, los nombres de los particulares que han sido interrogados y las evidencias recabadas por los fiscales.

Ante la negativa de entregar la información, la FGR justificó que la divulgación de la información afectaría el curso de las líneas de investigación y disminuiría su capacidad para allegarse de indicios para esclarecer los hechos.

“Otorgar acceso a la carpeta de investigación expondría la eficacia de esta Fiscalía, al colocar en un escenario desfavorable la labor de investigación desplegada por el agente del Ministerio Público de la Federación, tendiente a demostrar, o no, la existencia del hecho que la ley señala como delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, circunstancias que impactarían negativamente para el ejercicio de la acción penal ante el órgano judicial”, expuso la FGR en el oficio girado el día ayer.

El hecho de que el expediente no sea público impide conocer los avances de las pesquisas, los amparos que se han interpuesto, así como el monto estimado de la cuantificación del daño ambiental y la propuesta de remediación en el área natural protegida.

El 21 de agosto pasado tuvo lugar uno de los ecocidios más grandes en la historia de Baja California Sur, cuando el yate de lujo denominado “Fortius” se incendió y posteriormente se hundió frente a la playa Balandra, donde dejó daños irreparables por el derrame de combustibles y los restos de la embarcación hundida.

Desde entonces, las autoridades han sido omisas en sancionar y castigar a los responsables de este delito que ocasionó daños irreversibles a los recursos naturales en el área natural protegida.

El 5 de septiembre de 2022 la Fiscalía inició una investigación por el hecho tipificado como delito Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, derivado de las denuncias que interpusieron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Hasta ahora se desconocen los avances de la pesquisa que inició la FGR y este mes la Profepa confirmó a CPS Noticias que no hay sanciones impuestas en contra de los dueños de la embarcación.

“El procedimiento se encuentra en valoración de las constancias y hechos asentados en el acta de inspección, a fin de emitir la resolución y en su caso la sanción correspondiente”, respondió la oficina de protección ambiental en Baja California Sur, a una solicitud de información.

Portavoces de la FGR declinaron comentar si la Fiscalía se encuentra negociando un acuerdo reparatorio con los dueños de la embarcación y si los responsables que causaron el daño han sido citados a declarar.