Fiscalías anticorrupción solo esclarecen el 1% de los casos

Una investigación realizada por la asociación civil TOJIL y el Instituto Mexicano para la Competitividad creó un diagnóstico sobre las reglas de operación, desempeño y resultados de  las fiscalías encargadas del combate a la corrupción en el país.

El estudio identificó que las áreas de investigación operan en medio de carencias además de mostrar malos resultados.

En promedio por entidad se iniciaron 749 carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción, de las cuales solo 35 de ellas avanzaron lo suficiente para que un juez iniciara un proceso, y solo en tres se logró una sentencia condenatoria:

“Pese a que se cuenta con Fiscalías Anticorrupción a nivel normativo, en la realidad no cuentan con un mínimo de recursos para ser una institución operativa y funcional. Si bien existen esfuerzos a nivel nacional, actualmente ninguna Fiscalía Anticorrupción cumple con los estándares analizados en su nivel óptimo”.

Los problemas con el personal

Las fiscalías cuentan, en promedio, con 12 agentes del Ministerio Público para atender denuncias. Además hay que tomar en cuenta que los fiscales solo cuentan con siete policías de investigación y cuatro peritos para todos los casos.

Además hay deficiencias en la capacitación.

Solo cinco fiscalías anticorrupción brindaron algún curso o reforzamiento de sus habilidades entre el 2019 y 2020. Solo la de Sonora cuenta con el capital humano suficiente y capacitado.

En contraste, hay 13 estados con recursos humanos deficientes tanto cuantitativa como cualitativamente, y son:

1. Campeche
2. Coahuila
3. Chiapas
4. Chihuahua
5. Guanajuato
6. Michoacán
7. Morelos
8. Nuevo León
9. Oaxaca
10. Quintana Roo
11. Tabasco
12. Tlaxcala
13. Yucatán

La falta de recursos

Hay ocho estados con un nivel deficiente de recursos:

1. Aguascalientes
2. Colima
3. Guanajuato
4. Estado de México
5. Michoacán
6. Nayarit
7. Oaxaca
8. Sinaloa

Sin embargo, los focos rojos se concentran en aquellas fiscalías anticorrupción que asignan el presupuesto de manera independiente, y son Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz:

“La falta de recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones por hechos de corrupción genera una dependencia presupuestal de las Fiscalías Generales, lo que en algunos casos puede representar un riesgo en la autonomía para ejercer sus facultades y limitar su capacidad operacional por falta de recursos”.

Cómo se investigan los casos

El estudio identificó deficiencias en el cómo se llevan a cabo las investigaciones sobre posible corrupción, pues en general se llevan a cabo mediante procedimientos discrecionales, sin una metodología definida.

Una de las cosas que llaman la atención es que el 45 % de las fiscalías carecen de plataformas electrónicas para registrar y dar funcionamiento a los casos.

A esto se agrega otro aspecto: once de las fiscalías anticorrupción no tienen la capacidad de iniciar una indagatoria de oficio. Así se explica en el informe:

“En la generalidad, las fiscalías se limitan a investigar los hechos que les son denunciados directa y formalmente sin que se generen diversos mecanismos de investigación del fenómeno criminal en cada caso concreto”.

La impunidad predominante

En casi todos los casos de investigación sobre delitos de corrupción, la regla general es la impunidad.

Solo uno de cada 100 casos llegaron a una sentencia condenatoria; el 5 % de las carpetas se logran llevar a un proceso judicial.

Las fiscalías anticorrupción de Sonora y Michoacán fueron las únicas en judicializar más del 10 % de las indagatorias.

Mientras que cuatro estados no lograron llevar ni un solo caso ante un juez local, y son:

1. Guanajuato
2. Guerrero
3. Nayarit
4. San Luis Potosí

El análisis también indica que hay casos como el de la fiscalía anticorrupción del estado de México, que reporta 3, 404 casos “resueltos”, por lo que los envió al archivo temporal lo que significa impunidad:

“Tratándose de posibles hechos de corrupción, esta forma de terminación de la investigación no resulta la más idónea ya que no resuelve los casos ni asegura completa efectividad por parte de las Fiscalías”.