Gobierno reserva costo y contrato del blindaje ante la Generación Z

El gobierno federal clasificó como información reservada por cinco años todos los detalles relativos al operativo de seguridad y la contratación de vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional durante la marcha organizada por integrantes de la Generación Z el 15 de noviembre pasado.

La decisión fue tomada por el Comité de Transparencia de la Presidencia de la República, que respondió a la solicitud de acceso a la información identificada como 34100100079525, con el argumento de que revelar el monto pagado, el nombre de la empresa contratada o copia del contrato podría afectar gravemente la seguridad nacional y la paz social. Además, sostuvo que dicha divulgación podría facilitar la planificación de un atentado contra la presidenta Claudia Sheinbaum, su familia o personas en su entorno.

Según el documento oficial, la apertura de estos datos “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional”, por lo que no podrán hacerse públicos sino hasta 2030.

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La marcha de la denominada Generación Z, convocada para el 15 de noviembre en la Ciudad de México, estuvo marcada por hechos de violencia, incluyendo saqueos, daños a mobiliario urbano y establecimientos comerciales, así como enfrentamientos que dejaron más de 120 lesionados y más de 20 detenidos.

Durante la movilización, algunos participantes utilizaron artefactos caseros u objetos contundentes para intentar derribar las vallas metálicas de casi tres metros de altura instaladas alrededor de Palacio Nacional, lo que provocó además daños al patrimonio y puso en riesgo tanto a asistentes como a personal de seguridad.

En su resolución, el  Comite de transparencia afirmó que revelar las características del blindaje y del contrato —incluso tratándose de un evento ya ocurrido— podría permitir que personas u organizaciones planearan acciones para vulnerar la seguridad de la Presidencia y del Estado mexicano. Según el dictamen, la divulgación de esta información podría ocasionar “un daño mayor en materia de seguridad nacional y pública” que el interés particular de conocerla.

La clasificación de confidencialidad fue respaldada por unanimidad, con fundamento en los artículos 102 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y abarca el expediente del procedimiento de contratación identificado con el número interno AD-SN006-2025, así como el contrato número C44-25/AD-SN-006-2025 y sus anexos.

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