“Grupo Salinas niega lavado de dinero en sus casinos y acusa acto autoritario del Gobierno federal”

En la mañana del 12 de noviembre de 2025, Grupo Salinas emitió un comunicado público en el que rechaza categóricamente las acusaciones de lavado de dinero que cargan sobre sus operaciones de juego. La empresa insiste en que sus filiales, Ganador Azteca SAPI y Operadora Ganador TV Azteca SAPI –ambas vinculadas al sector de casinos– “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”.

El trasfondo del anuncio es la acción emprendida por las autoridades federales: 13 casinos fueron identificados y bloqueados debido a presuntas operaciones de dinero en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no reguladas, lo que motivó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) junto con la SHCP.

En su comunicado, Grupo Salinas calificó la investigación como un “acto autoritario e infundado”, y afirmó que forma parte de una “campaña sistemática del Gobierno en contra de nuestro fundador y presidente (…) que constituye una persecución de Estado en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto”.

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La empresa insistió en que junto con sus socios internacionales —principalmente en el Reino Unido— han seguido “los más altos estándares de control financiero y de transparencia” y confía en que la investigación concluirá que sus operaciones se llevaron a cabo “dentro del marco de la ley”.

Por su parte, las autoridades federales sostienen que la investigación cuenta con sustento legal, y que los movimientos detectados en los casinos implican riesgos elevados de integración al sistema financiero de recursos de procedencia ilícita.

Este enfrentamiento entre un poderoso conglomerado empresarial y el Gobierno federal abre una nueva fase de tensión en el ámbito empresarial y regulatorio en México. Incluye temas de gobierno corporativo, transparencia, supervisión financiera, así como la percepción de intervencionismo estatal. Si bien Grupo Salinas insiste en su legalidad, la acción representa un precedente para el sector de casinos y apuestas, frecuentemente señalado como de alto riesgo para el lavado de dinero.

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