¡Impunidad en Balandra! Profepa omite sanciones por incendio de yate

El 21 de agosto tuvo lugar uno de los ecocidios más grandes en la historia de Baja California Sur, el yate de lujo denominado “Fortius” se incendió y posteriormente se hundió frente a la playa Balandra en la ciudad de La Paz, lo que dejó una contaminación irreparable por hidrocarburos, así como restos del yate hundido. 

Desde entonces, las autoridades han sido omisas en sancionar y castigar a los responsables de este delito que ocasionó daños irreversibles a los recursos naturales en el área natural protegida.

A través de una solicitud de información enviada por CPS Noticias, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) respondió que no hay sanciones impuestas en contra de los dueños de la embarcación que causó daños incalculables en el área protegida. 

La autoridad federal ambiental señaló que:

“el proceso administrativo se encuentra en trámite, por lo que aún no se determina ninguna sanción (…) El procedimiento se encuentra en valoración de las constancias y hechos asentados en el acta de inspección, a fin de emitir la resolución y en su caso la sanción correspondiente”, confirmó la oficina de protección ambiental en Baja California Sur. 

Los hechos ocurrieron en la zona cercana al área de playa, donde la embarcación se incendió, provocando el derrame de una cantidad importante de combustible.

La Secretaría de Marina (Semar) trabajó en la zona para contener la cantidad de combustible que se vertió en el espejo de agua y que éste no se extendiera más allá de la playa, en donde se detectó aceite, dosel, ceniza y hollín. 

Han transcurrido casi cuatro meses desde aquel lamentable hecho, el cual de acuerdo con la sociedad civil organizada es uno de los actos más graves de impunidad que, hasta ahora, se han registrado en el estado.

Arturo Rubio Ruíz, representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito en Baja California Sur, señaló que la omisión de los tres órdenes de gobierno es un mensaje negativo para la población más joven, con quienes se ha trabajado arduamente para que comprendan la importancia de respetar las leyes y conservar el medio ambiente. 

“Lo más grave de esta situación es la impunidad, es el mensaje que le enviamos a la niñez y juventud; en general a la sociedad. Nos esforzamos mucho en términos generales por proteger el ambiente, somos una sociedad que tenemos mucha prevención de desastres de cuidado del agua, pero la autoridad da este tipo de mensaje de corrupción, porque la tutela y la protección a quien infringe la ley es un acto de corrupción”.

Para el Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito, el tema no sólo debe ser competencia del gobierno federal, pues el Ayuntamiento de La Paz y el gobierno del estado, deben también tomar acciones y mostrar interés en el caso. 

“Las autoridades de los tres niveles están implicadas en la omisión de persecución y sanción; la protección al medio ambiente no es exclusiva de la federación, ni del estado, ni el municipio. Los tres órdenes de gobierno son responsables de la preservación, persecución y sanción de actos que son violatorios al cuidado del medio ambiente. Entonces a esto que se le conoce como la concurrencia de competencia, los tres órdenes de gobierno nos están fallando, están demostrando un desinterés a la protección que es vital”.

De acuerdo con la Profepa, un delito ambiental como el ocasionado por el yate Fortouis, amerita una sanción de 12 años de prisión o una multa de 649,480 pesos; además de la reparación del daño ocasionado al Área Natural Protegida. 

Sin embargo, la falta de sanciones y multas en contra de los responsables de los daños ambientales en Balandra, es un claro ejemplo de la omisión por parte de las autoridades, misma que debe ser denunciada, ya que se le está protegiendo a un particular que cometió un delito grave, de acuerdo con el litigante Arturo Rubio Ruiz. 

“Fue reparado en la medida de las posibilidades por la misma sociedad civil, no hubo ni siquiera una responsabilidad civil que enfrentarán quienes violentaron en este caso el estado de derecho, porque fueron organizaciones de la sociedad civil de la mano con algunas instituciones, pero la mano de obra fue de voluntarios. Deberíamos hacer una denuncia del delito contra el medio ambiente que se llama de comisión por omisión, cuando una autoridad deja de cumplir con su deber; esa omisión se convierte en custodia, protección o ventaja para un particular que comete un delito, se convierte en comisión por omisión”.

El 5 de septiembre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por el hecho tipificado como delito Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, derivado de las denuncias que interpusieron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Profepa. 

Hasta ahora se desconocen los alcances de la investigación iniciada por los fiscales y las autoridades estatales y municipales no han informado si tomarán alguna medida para imponer restricciones a las actividades náuticas que se realizan en las inmediaciones a la playa Balandra.