Catean barbería de Cabo San Lucas relacionada con investigación por trata de personas

Agentes de la FGR realizaron un cateo en una barbería en Cabo San Lucas después de informes de posible trata de personas. El operativo involucró a la Policía Federal Ministerial y la SEMAR
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Elementos de la FGR asegurando inmueble en CSL

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo una investigación en un inmueble en Cabo San Lucas, en respuesta a un reporte de posibles actos ilícitos en su interior, relacionados con el delito de trata de personas. Un juez especializado en el sistema penal acusatorio autorizó un cateo en un local comercial, tras una llamada telefónica que alertó sobre la oferta de servicios sexuales en una barbería, donde las mujeres involucradas debían pagar una cuota a diversas personas.

En la operación de investigación, participaron agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos oficiales de la FGR y elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), bajo la supervisión del Ministerio Público Federal. Durante el cateo, se aseguraron dos camas de masajes, preservativos y otros objetos relacionados con el delito en cuestión.

La FGR ha confirmado que las investigaciones aún están en curso para esclarecer los hechos.

Desde 2018 hasta agosto de 2023, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur ha iniciado 38 carpetas de investigación por trata de personas en los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú. De estas, 17 aún están siendo investigadas. Según información obtenida a través de solicitudes de transparencia, 15 casos corresponden a Los Cabos, 16 a La Paz, dos a Comondú, y en cinco casos no se ha determinado el municipio involucrado.

GC

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

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