Justicia para Puerto Nuevo y Chula Vista: Coparmex

La Paz.- Los habitantes de Chula Vista y Puerto Nuevo en el municipio de Los Cabos, quienes se vieron afectados con el colapso de sus casas tras la Tormenta Tropical “Lidia” en 2017, merecen justicia por parte de las autoridades, con la aplicación de sanciones por las omisiones o actos de corrupción que llevaron a la construcción de estos edificios en zonas de riesgo, señaló la iniciativa privada en Baja California Sur.
Fabricio González Rodríguez, presidente de la Federación Pacífico de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que de nada servirán las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el tema, si no se aplican sanciones a los responsables.
“Eso es lo deseable, de nada le serviría a los sudcalifornianos o a la sociedad mexicana que haya investigaciones donde concluyan responsabilidad y no haya sanciones, ese tipo de declaraciones o de acciones solamente alentarían el encono social, la exacerbación de la parte afectada, porque evidenciaría redes de corrupción que están afectando, insisto, el bolsillo de las familias. Definitivamente, esperemos que no quede en una sola declaración y que no quede solo en una investigación, deben de llevarse hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias son las que la sociedad mira solamente, que son las acciones que apliquen a este tipo de actos corruptos por parte de la autoridad”.
El dirigente empresarial resaltó también que las investigaciones y sanciones no solamente deben aplicarse a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que resulten responsables, sino también a la iniciativa privada, pues los actos de corrupción van de la mano.
“Las actuaciones en los tres niveles de Gobierno por el tema de Chula Vista y Puerto Nuevo son necesarias, urgen acciones como éstas; pero, evidentemente, la investigación en los tres niveles de Gobierno no puede dejar de lado a la parte empresarial, a la parte privada; para que se den este tipo de proyectos o de inversiones debe haber una corrupción y una colusión entre la parte pública y la parte privada, nosotros desde la Coparmex hemos dicho que la cultura empresarial, la cual impulsamos, no puede dejar de lado la parte social, no puede dejar de lado la responsabilidad social que debe tener todo empresario para cualquier tipo de inversiones, más cuando este tipo de inversiones se dan en el impacto del patrimonio familiar de cada una de las personas”.
Insistió en que este tipo de inversiones no se pueden dar solamente por la voluntad del sector público, sino tiene que haber estado mezclado el sector privado; por lo tanto, debe haber sanciones y debe aplicarse la ley en los tres niveles de Gobierno y también para el sector privado que ha participado.
Sostuvo que, independientemente de cómo se hayan dado, es necesario que exista certeza jurídica, seguridad patrimonial y una aplicación plena del Estado de derecho donde se tenga claro que, cuando se dé una inversión por la parte privada, está cumpliendo con toda la legislación y toda la reglamentación que permita a los adquirientes de algunos predios o habitaciones, tener la certeza de que no estarán violentadas las leyes ni en temas de afectaciones por fenómenos naturales que trastocan el patrimonio.
Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Baja California Sur, a través de su presidente, Luis Alfonso Huerta Avilés, expuso que siempre se le ha pedido a la autoridad que actúe con base en la ley.
“Siempre se le ha pedido a la autoridad que actúe con base en el marco de la ley, en los reglamentos y en todo lo estipulado en la ley misma y la Constitución, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, por supuesto que estamos ahí aplicándolos, hay que estar cuidándolo en todos los procesos constructivos; y, en ese caso, también hay que aplicar la ley”.
Recalcó que como cámara, están certificando a cada una de las empresas afiliadas, observan que en sus expedientes se estén cumpliendo con sus contratos, con sus finiquitos, con las normas de calidad establecidas en cada uno de los contratos, “para que nosotros garanticemos que los que estén afiliados a nuestra cámara cumplen y cumplen con ética y cumplen de acuerdo con sus contratos”.