La auditoría presenta otros datos

Calíope

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó este sábado a la Cámara de Diputados los resultados de la tercera etapa de fiscalización de la Cuenta Pública 2019.

En dicho reporte detectó que están pendientes por aclarar o devolver 98 mil 974.6 millones de pesos, de los cuales 43 mil 859.8 millones, es decir el 44%, son considerados un probable daño patrimonial cometido en 182 instituciones, mientras que el uso de los otros 55 mil 114.8 millones de pesos todavía pueden ser aclarados por 74 entes públicos señalados.

De los casi 44 mil millones de pesos de presunto daño patrimonial, el 48% (20 mil 942.6 millones de pesos) fue detectado en 174 instituciones públicas. Por otra parte, de los más de 55 mil millones de pesos que están pendientes por aclarar, el 84% (46 mil 556.3 millones de pesos) deben ser aclarados por 66 instituciones públicas.

El sector público que acumula el monto por presunto daño patrimonial más alto es el de los gobiernos estatales y municipales, en donde la ASF identificó un posible desfalco por 6 mil 144 millones de pesos.

Todos sabemos cómo funciona una auditoría: se fiscalizan los recursos, se encuentran irregularidades en la comprobación de los gastos y se aclaran esas observaciones. En otros casos no se ejerce el recurso o entra a fondo perdido, cuyo procedimiento también debe ser justificado.

Esto no significa que los datos presentados por la ASF sean correctos o presentados como una verdad inamovible; pueden ser aclarados y corregidos. Aquí el problema radica en aquellos montos que no tienen demostración y que son, presuntamente, desfalco. Ahí sí hay una sospecha fundada de corrupción.

Además, la auditoría reveló algunos asuntos en el ejercicio del presupuesto que preocupan y que pueden ser considerados como un ataque directo a las grandes

obras de la presente administración federal: se cuestiona la viabilidad financiera del tren maya, del aeropuerto Felipe Ángeles (y el obvio quebranto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco), de la refinería de Dos Bocas, del programa Jóvenes construyendo el futuro, Pemex, Guardia Nacional, la compra de medicamentos y, la cereza del pastel, la opacidad de la Secretaría de la Función Pública.

El presidente dijo ayer que tenía otros datos y que los va a presentar para confrontar a la ASF, que es un ataque de los conservadores y que no tienen fundamento.

En fin, que aun siendo una auditoría de un organismo autónomo dependiente de la Cámara de Diputados, AMLO sigue diciendo que todo está en su contra, en lugar de tomar la escoba y barrer la casa de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras, y poner orden en el ejercicio de los recursos públicos.

Mientras no se aclaren dichos gastos, la ASF seguirá teniendo otros datos, aunque el presidente diga lo contrario.

@cromerogabriell