“La nueva Ley de Aguas no es una corrección… es una trampa”: Pelayo alza la voz por el campo mexicano

“Hoy levanto la voz porque la nueva Ley de Aguas no es una corrección… es una trampa”, expresó Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias al denunciar que la reforma aprobada en San Lázaro “no está pensada para quienes trabajan la tierra”, sino para centralizar el control del agua, un recurso fundamental para la producción agrícola.

Pelayo afirmó que la iniciativa rompe el equilibrio esencial del campo mexicano: tierra, agua y alimento, y lamentó que se diseñara “sin caminar los ranchos, sin conocer los pozos, sin escuchar a las y los productores”.

Según explicó, la prohibición o limitación de transmisiones, reubicaciones y ajustes de volumen entre particulares no combate la corrupción, sino que elimina mecanismos tradicionales que han permitido mantener vivas las cosechas y la economía rural.

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“No es un mito: el proyecto de iniciativa de la presidenta era centralizar, era controlar absolutamente el agua de este país, y fueron justamente los productores que, angustiados, dejaron sus parcelas para venir a buscar justicia.”

Pelayo defendió que los derechos de agua puedan seguir transmitiéndose dentro de la misma cuenca o distrito, sin exceder los volúmenes concesionados y manteniendo su uso original, pues —señaló— el campo necesita certeza, respeto y reglas claras, no restricciones que criminalicen a quienes buscan sobrevivir.

Recordó que muchos pequeños productores no tienen capital para iniciar una nueva siembra y dependen de rentar sus tierras o ajustar volúmenes como parte de su patrimonio familiar, por lo que la reforma, dijo, los llevó a la angustia y al temor de ser sancionados por prácticas históricamente permitidas.

“Uno de los mayores errores de esta ley era prohibir o limitar la interacción entre particulares… Muchos productores estaban preocupadísimos, porque no tenían la certeza jurídica y temían caer a la cárcel por esta perversidad de iniciativa.”

Pelayo pidió que, tras las modificaciones impulsadas por la presión social, el Congreso libere presupuesto para recuperar mantos freáticos, modernizar el campo, rehabilitar pozos obsoletos y garantizar que los municipios cuenten con potabilizadoras y sistemas operadores eficientes, evitando culpar injustamente a los agricultores por el desgaste del agua.

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