La Paz refuerza la transparencia en el padrón de alcoholes

El Ayuntamiento de La Paz continúa con el proceso de regularización del padrón de licencias para venta y consumo de alcohol, el cual no se actualizaba desde hace más de 15 años.

Esta acción responde a una investigación iniciada en 2023, luego de detectarse una red de corrupción dentro de la Dirección de Comercio, con entrega de permisos falsos.

El gobierno municipal, encabezado por Milena Quiroga Romero, emprendió un proceso inédito para ordenar el padrón y garantizar legalidad en la expedición de licencias.

En junio de 2024 se contaban 1,945 licencias, clasificadas como tipo “A” y “B”. La primera con 752 permisos legítimos; la segunda, con 1,193 licencias sin validez legal.

A casi un año de haber iniciado este proceso, el registro suma ahora 2,061 establecimientos con licencias para operar, informó el Ayuntamiento.

Las licencias deben ser aprobadas por el Consejo Municipal de Giros Restringidos, y los dueños deben comprobar sus pagos ante la Tesorería Municipal.

Viridiana Ángel Cota, directora de Comercio, detalló que 1,097 establecimientos ya cuentan con licencias tipo “A”, mientras que 964 aún están clasificadas como tipo “B”.

Además, más de 500 expedientes están pendientes de revisión, en espera de ser regularizados por las autoridades correspondientes.

Para facilitar la regularización, el Ayuntamiento ha lanzado programas de descuentos e incentivos para que los ciudadanos puedan obtener su permiso formal y dejar de rentarlo.

Estas medidas buscan apoyar a los comerciantes y asegurar procesos claros, legales y justos dentro de la administración municipal.

“Esto nos habla de la respuesta positiva que hay sobre el programa que se implementó y de la transparencia con la que se han resuelto todos los expedientes”, destacó Ángel Cota.

Según la funcionaria, el Consejo analiza cada caso con rigor técnico y legal, reforzando la política de un gobierno transparente, justo y contrario a la corrupción.

Por su parte, el contralor municipal, Pavel Castro Ríos, explicó que las acciones legales iniciaron tras detectar licencias apócrifas emitidas desde el año 2013.

En la revisión se hallaron más de 800 permisos falsos y múltiples casos de fraude que involucrarían a exservidores públicos del Ayuntamiento.

Algunos funcionarios cobraban dinero por trámites que nunca ingresaban formalmente, y en su lugar, entregaban documentos falsificados.

Castro Ríos precisó que se trata de un caso grave de cohecho, estipulado como falta administrativa en el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Actualmente existen tres carpetas de investigación activas: EPRA 21 de 2023, EPRA 006 y EPRA 012 de 2025, que agrupan varias licencias expedidas de forma ilegal.

Estas investigaciones implican a más de seis servidores públicos y se encuentran avanzadas tanto en la vía penal como administrativa.

Las sanciones serán presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, con el objetivo de inhabilitar a los responsables y que enfrenten cargos por fraude al erario.

“Estos casos no van a quedar impunes, estamos haciendo las investigaciones pertinentes y se abrirán más expedientes”, aseguró Castro Ríos.

Añadió que se han cuidado todos los detalles del proceso para evitar que los implicados evadan su responsabilidad por tecnicismos legales.

“La presidenta Milena Quiroga Romero ha sido enfática en que este gobierno está en contra de la corrupción y actúa para eliminar y sancionar estas conductas”, concluyó.