Legisladores deben llamar a comparecer a funcionarios por “software espía”

Ante la incertidumbre que el “software espía” de geolocalización ha generado en la sociedad sudcaliforniana, el presidente del Colegio de Postgrados en Derecho y Ciencias afines de Baja California Sur indicó que es responsabilidad de los diputados locales solicitarle tanto al secretario de Seguridad Pública en la entidad, como el procurador de Justicia y el gobernador, que acudan al Congreso del Estado para esclarecer en comparecencia la autorización federal para el uso de este programa y las veces en las que éste se ha puesto en funcionamiento.

El representante de dicho colegiado, Arturo Rubio Ruiz, señaló que el titular de la citada Secretaría ha aceptado públicamente que este software hace uso de la geolocalización sin que exista una previa autorización por parte de algún particular o juez federal que lo justifique.

“Esta es tarea del Congreso del Estado. Les toca a ellos parar esta situación. El secretario de Seguridad Pública ha aceptado de forma pública que sí tiene el equipo y sí lo están usando. Él está aceptando que está cometiendo una ilegalidad. Entonces le toca al Congreso llamarlo y decirle ‘tú no puedes, de acuerdo con la Constitución, utilizar ese equipo. Entregárselo a la Procuraduría’, además que también deben pedirle al procurador las veces que se ha utilizado, en qué casos y con qué autorización, y si no hay autorización”.

El defensor expuso que las acciones que realiza la dependencia estatal son constitucionalmente ilegales por no tener la facultad de operar el sistema aunque sea usado con fines “positivos”, por lo cual, en caso de que la población tenga incertidumbre sobre una posible violación o vulneración a su seguridad mediante las redes telefónicas, puede solicitarle al titular que haga las aclaraciones a través de las herramientas pertinentes.

“Aquí debiéramos exigirle como gobernados del Congreso, que a través de la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, requiera en comparecencia al Secretario, nos diga ¿Por qué tiene ese equipo?, ¿Para que lo tiene? y ¿Quién se lo autorizó ?. Recordemos que uno de nuestros derechos ciudadanos es que podemos requerirle al Secretario o a cualquier dependencia de seguridad que nos aclare si nos está o no investigando, pero al tener un Congreso no deberíamos  tener necesidad de eso. Creo que lo que tenemos que hacer es recurrir a la representación popular porque allí en el Poder Legislativo tenemos una garantía que es el de la salvaguarda de la constitucionalidad”.

El litigante enfatizó que en caso de detener a un secuestrador que fue investigado con dicho programa y no se cuenta con la autorización judicial que justifique su uso, esa prueba que se genera resultará ilícita, y por tanto, no tendrá valor probatorio durante un juicio.