Llaman empresarios al Congreso a retomar trabajos legislativos

Integrantes del Consejo Coordinador de Los Cabos, hacen un llamado urgente al poder legislativo en Baja California Sur a honrar el juramento que hicieron de cumplir y hacer cumplir la ley.

Al tomar protesta como legisladores sudcalifornianos, acatar las disposiciones emanadas del Poder Judicial y retomar de manera inmediata los trabajos legislativos tan importantes para la vida pública de los cabeños y sudcalifornianos.

En estos momentos en que la sociedad civil organizada y Gobierno, van de la mano para enfrentar dos de las más grandes pruebas que han tenido que afrontar: la crisis por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica derivada de la misma.

“No podemos detenernos por conflictos políticos.”

“Llamamos a la conciencia y responsabilidad de nuestros legisladores”, aseveran en un documento donde aparecen las firmas de de los presidentes del Consejo Coordinador, de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, de Asudestico, de Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios, de Canaco, Canirac, Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

Afirman que como sociedad civil organizada e iniciativa privada, están convencidos que solo con el estado de derecho, se puede dar una verdadera convivencia social ordenada, democrática y sobre todo en la legalidad para el desarrollo económico y social de Los Cabos y el estado.

“La pretendida destitución de legisladores de oposición nos supone también un atentado a la democracia en el estado y las decisiones expresadas por los sudcalifornianos en las urnas en el pasado proceso electoral del 2018.”

Este conflicto de carácter político e institucional que priva en el Congreso del Estado, no solo afecta al propio trabajo legislativo en cuanto a la reforma o propuesta de nuevas leyes, si no a otras atribuciones del poder legislativo, como la aprobación de obras en financiamiento que presenta el poder ejecutivo en su nivel estatal o municipal.

En este supuesto se encuentra el proyecto de la desalinizadora de Cabo San Lucas, que como Consejo Coordinador desde hace varios años viene promoviendo junto con el Gobierno Estatal y Municipal, que por su gestoría se logró que el Gobierno Federal haya ya etiquetado recursos por más de mil millones de pesos para su construcción. 

El conflicto al interior del Congreso ante los procesos judiciales que se siguen por las actuaciones de los legisladores, ponen en riesgo de retraso esta planta, que será vital para el desarrollo social de Los Cabos, al resolver una de las problemáticas más sentidas de todos los que viven en este destino turístico, es el acceso al agua.

Por lo que aseveran, “no puede ni debe un conflicto de naturaleza política estar por encima del desarrollo social de las familias de Los Cabos y su derecho de acceso al vital líquido”.