Los cien fuegos entre la clase política y la cúpula militar

Por lo menos en tres momentos claves de la historia de México la clase política gobernante ha utilizado a través de su cúpula a las fuerzas armadas para establecer y recrudecer un régimen autoritario.

Tres momentos que muestran una continuidad en el mantenimiento del control político que derivó en el reforzamiento de una estructura que ha privilegiado la impunidad y la corrupción.

Uno de ellos fue la utilización del Batallón Olimpia para infiltrar y reventar el movimiento estudiantil de 1968, este grupo paramilitar estuvo integrado por elementos del Estado Mayor Presidencial, miembros del ejército en activo y policías de la oscura Dirección Federal de Seguridad.

Al mando de ellos el General Luis Gutiérrez Oropeza.

Bajo el pretexto de la seguridad nacional interior, se usó de forma desbocada a los integrantes de las fuerzas armadas para evitar la democratización del país.

La toma de Ciudad Universitaria, el Casco de Santo Tomás y la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, inauguraron un régimen de represión que no se quedó solamente en ese día.

El uso de las fuerzas armadas por parte del partido de estado para proscribir la disidencia fue efectivo, ya que el uso de la violencia política contra los grupos en búsqueda de la democracia fue la regla.

El PRI mantuvo así, el control político impidiendo cualquier posibilidad de una elección libre y con ello, cedió impunidad a las fuerzas que se encargaron de establecer una política de contrainsurgencia que incluyó el halconazo, pero que fue más allá en el establecimiento de la guerra de baja intensidad o mejor conocida como guerra sucia estableciendo una política de asesinatos políticos y desapariciones forzadas desde el Estado.

En un segundo momento, Salinas de Gortari siguiendo esta dinámica ordenó entonces bombardear las comunidades indígenas chiapanecas que exigían dialogo y un proceso de paz en el convulso 1994.

Se volvió a usar a las fuerzas armadas desde un régimen que carecía de legitimidad para sostener la falta de apertura democrática.

La reestructuración autoritaria para implantar el neoliberalismo y despojar a la nación mexicana de los elementos claves que había proporcionado un estado de bienestar a la sociedad mexicana, necesitó del respaldo de un sector de la cúpula militar que estuviera dispuesto a realizar operaciones para mantener a un gobierno ilegitimo en el poder.

A pesar del fraude escandaloso de 1988, la sociedad civil sabía que cualquier intento de reclamo democrático podría ser reprimido por las fuerzas armadas. Así lo vivió el propio Cuauhtémoc Cárdenas que se negó a ver tal choque.

La propia estrategia de Salinas por asesinar en una celada a la Comandancia General del EZLN en Guadalupe Tepeyac y su obsesión por eliminar todo movimiento social de resistencia a la integración de México para formar parte del área de libre comercio de América del Norte, mostró una nueva etapa del autoritarismo mexicano. El quiebre

histórico con Salinas de Manuel Camacho Solís por estar en desacuerdo en estas decisiones así lo demuestran.

Esta pinza de fraude electoral y uso de las fuerzas armadas para legitimarse fue llevado a un punto inédito en el marco de las elecciones de 2006, en donde el aparato del estado comandado por Vicente Fox operó un fraude para entregarle la presidencia de la república de forma espuria a Felipe Calderón.

El costo de esta nueva etapa fue peor. Para detener la posibilidad de un estallido social por la gran falta de legitimidad política, se lanzó una agresiva estrategia por parte de Calderón Hinojosa emprendiendo una guerra contra el narcotráfico e identificándose a él con las fuerzas armadas.

Fue el primer presidente civil en vestirse de militar para mandar el mensaje de que confrontarlo a él, por haber impedido la democracia, era enfrentarse al ejército.

Es a partir de este momento, en que la espiral de violencia que vive México no se ha detenido. El involucramiento de la tropa en tareas que la policía debía enfrentar tuvo costo en vidas humanas que poco importó al partido en el poder. La guerra de Calderón poco a poco ha mostrado ser, lo que desde un primer momento se denunció, una farsa.

Más bien, aquellos civiles encargados de establecer una estrategia de combate contra el crimen organizado eran los mismos que operaban en beneficio de cárteles para enriquecerse. Este mecanismo envolvió a México en un periodo sumamente delicado y preocupante por la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Calderón y la clase política que sostuvo en sus manos el fraude electoral de 2006 abrieron un episodio de violencia incontenible.

Pero Calderón también tuvo el apoyo desde Estados Unidos en esta aventura militar, así lo demuestra la firma de la Iniciativa Mérida y las operaciones realizadas desde la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Es imposible que en Estados Unidos no se supiera sobre la corrupción y la colusión con el crimen organizado de Genaro García Luna y los altos mandos de la policía federal, así como de políticos inmiscuidos en esta red.

La detención-desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya son episodios recientes en donde la desaparición forzada y el asesinato son operados con la complicidad de un sector del Estado.

En ambos casos, para ocultar lo ocurrido se ha acudido al narcotráfico, ya que este es el nuevo mecanismo, que comenzó con el calderonato, para justificar el autoritarismo presidencial.

La detención del General Salvador Cienfuegos en Estados Unidos tiene que verse con tres elementos que habrá que ir siguiendo.

El primero de ellos tiene que ver con los aparatos de inteligencia civil, que estuvieron enfocados en espiar a la oposición política en vez de investigar al crimen organizado, que según las acusaciones hasta ahora realizadas nada más en Estados Unidos, lograron cooptar al Secretario de la Defensa; otro elemento consiste en que la inteligencia militar, lo que incluye al recién desaparecido Estado Mayor Presidencial, que era quien informaba al Presidente Peña

Nieto no proporcionó la información sobre la trayectoria del General antes de asumir el cargo de Secretario; por último, la operación sin consentimiento de los aparatos de seguridad de Estados Unidos en México, el mensaje de que pudieron haber interceptado comunicaciones del alto mando del ejército mexicano está dado con todas las consecuencias que eso atañe para la seguridad nacional.

Ha llegado la hora de abrir la discusión sobre la relación que tiene el poder civil con las cúpulas militares, más aún en medio de una crisis sin precedentes dentro de la institución castrense.