México ya puede extraditar a Lozoya: Audiencia de España

La Audiencia Nacional de España declaró la firmeza del auto de extradición de Emilio Lozoya a México e informó a la Interpol para que proceda a la entrega del exdirector de Pemex a las autoridades mexicanas, según comunicaron fuentes del alto tribunal a corresponsales mexicanos.

Luego de la notificación a la Interpol y confirmada definitivamente la extradición de Lozoya, corresponde ahora actuar a las autoridades mexicanas que deberán hacerse cargo del reclamado en Madrid para gestionar su traslado a México. Para ello disponen de un mes de plazo, aunque se prevé que la entrega de Lozoya se produzca en los próximos días.

El exdirector de Pemex podría viajar a México en vuelo comercial o en una aeronave habilitada por la Fiscalía General de la República, pero en cualquier caso será custodiado permanentemente por agentes mexicanos, una vez que la policía española traslade a Lozoya desde la cárcel de Navalcarnero al aeropuerto madrileño de Barajas y proceda formalmente a su entrega.

La Audiencia Nacional dio luz verde a la extradición exprés de Lozoya después de que el reclamado aceptara voluntariamente ser entregado a las autoridades mexicanas, por lo que su caso no tuvo que pasar por el Consejo de Ministros del Gobierno español.

Las autoridades mexicanas emitieron en mayo de 2019 una orden de búsqueda internacional contra el exdirector de Pemex por graves delitos de corrupción, entre ellos haber recibido durante su gestión al frente de la petrolera estatal más de 10 millones de dólares en concepto de soborno por parte de la constructora brasileña Odebrecth.

El exdirector de Pemex fue detenido en España el pasado mes de febrero por la Interpol cuando abandonaba un complejo de lujo en el municipio malagueño de Benahavís.

Tras su captura, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó su ingreso en prisión provisional, incondicional y comunicada, luego de que Lozoya rechazara su entrega a México, una decisión de la que finalmente se arrepintió ante la posibilidad de atenuar su condena a cambio de proporcionar información relevante a las autoridades mexicanas sobre los casos de sobornos en los que está supuestamente implicado.