En una audiencia programada para el viernes pasado, el abogado Javier López, líder de la defensa del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, argumentó indicios de Alzheimer y demencia en su cliente como razón principal para solicitar que este continúe su proceso legal en prisión domiciliaria. La solicitud se presenta ante el juez de control de guardia, Juan José Hernández Leyva, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Murillo Karam, quien actualmente enfrenta dos acusaciones penales vinculadas al caso Ayotzinapa, no compareció en la audiencia debido a las dificultades físicas derivadas de su estado de salud. La defensa busca que el juez Hernández Leyva ratifique el cambio de medida cautelar otorgado hace una semana por su homólogo en el reclusorio Norte, que incluye el uso de un brazalete electrónico y la entrega de su pasaporte.

“Fue muy raro”: AMLO sobre prisión domiciliaria de Murillo Karam

La situación médica del exfuncionario, afectado por accidentes cerebrovasculares, sinusitis, bronquitis, y diabetes, ha llevado a sus abogados a alegar que su salud se ha deteriorado significativamente, presentando indicios de Alzheimer y demencia. La defensa también alega que Murillo Karam ya había sido diagnosticado con estos problemas de salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) deberá responder a la petición de la defensa durante la audiencia tras un breve receso. En días previos, la FGR anunció su intención de impugnar el cambio de medida cautelar, argumentando que no fue notificada con suficiente antelación de la audiencia en la que se tomó la decisión.

¿De qué se le acusa a Murillo Karam?

El caso por el cual los abogados de Murillo Karam buscan modificar la medida de prisión provisional se refiere a la acusación de haber ordenado la tortura de Felipe Salgado Rodríguez, alias “El Cepillo”, señalado como miembro de los Guerreros Unidos, grupo vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por otro lado, en el Reclusorio Norte, el exprocurador enfrenta acusaciones de desaparición forzada y otros delitos relacionados con la presunta creación de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los estudiantes, la cual sostenía que los jóvenes habían sido asesinados y cremados la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que sus restos habían sido esparcidos en el basurero de Cocula en Iguala, Guerrero.