La otra cara de la niñez: Abuso sexual infantil en Baja California Sur

Entre 2020 y 2023, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur (BCS) registró un total de mil 438 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual, de las cuales el 65 por ciento involucraron a personas menores de edad. Sin embargo, durante este período, sólo una minoría de los casos denunciados ha sido llevada ante los tribunales y desahogada ante los jueces de control.

Los datos obtenidos por CPS Noticias, a través del Portal Nacional de Transparencia, reflejan la incapacidad de las autoridades para garantizar el acceso a la justicia de manera pronta y expedita a las víctimas de delitos sexuales. Según estos datos, casi el 50 por ciento de las denuncias, es decir, mil 31 casos, están actualmente en proceso de investigación.

El licenciado Juan Antonio Carbajal Figueroa, abogado litigante en materia penal y familiar, explicó que, desde el punto de vista jurídico, las problemáticas más comunes en los juzgados están relacionadas con asuntos familiares en la rama civil. En cuanto a la parte penal, destacó que son frecuentes los casos de abusos silenciados, particularmente aquellos en los que son víctimas personas menores de edad.

“De alguna manera, esta conducta que es un delito, el abuso sexual en menores, de alguna forma se va normalizando en la sociedad, es decir, muchas de las víctimas pequeñas como niños, niñas que son abusados sexualmente dentro de sus casas lo empiezan a ver como normal y solo algunos de ellos ya cuando tienen un poco más de conciencia se atreven a denunciar, inclusive a sus propios progenitores, padrastros, al familiar. El tema del abuso sexual en los menores, inclusive la violación, es un tema que debe de preocuparnos como sociedad porque no puede estarse normalizando el que se cometa el abuso sexual en contra de niñas y niños, y que ellos lo vean como algo normal”, expresó el licenciado Juan Antonio Carbajal Figueroa, abogado litigante en materia penal y familiar.

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Licenciado Juan Antonio Carbajal Figueroa, abogado litigante en materia penal y familiar.

Las cifras proporcionadas por las autoridades estatales revelan un crecimiento alarmante de los casos de abuso sexual en casi todos los rincones de la región. En 2020 se registraron 280 casos, aumentando a 317 en el año siguiente, 408 en 2022 y finalmente alcanzando los 439 casos para el cierre del 2023.

El licenciado Carbajal Figueroa destacó la distinción entre los casos de violencia contra las mujeres y los de abuso sexual a menores de edad. Mientras que las víctimas femeninas pueden expresarse y realizar manifestaciones, acciones que considera válidas, lamentablemente muchos menores de edad son amenazados y limitados en su capacidad para denunciar su situación.

“Las mujeres que son violentadas y que ya tienen conciencia de los hechos pueden levantar su voz, se pueden manifestar y se pueden organizar, pero ¿qué pasa con los menores? Muchos de ellos denuncian que están siendo tocados, abusados sexualmente por sus propios familiares y muchas veces no se les cree o se les amenaza si se atreven a mencionar este tipo de abusos a una persona ajena a la familia”, señaló.

Según el informe oficial, se han judicializado 152 carpetas de investigación por este delito. Además, 200 casos permanecen en el estatus de “archivo temporal”, lo que indica que se encuentran en una fase inicial y aún no se han recopilado suficientes datos de prueba para determinar si se ejercerá o no la acción penal.

En cuanto a la situación de las investigaciones, se determinó no ejercer la acción penal en 37 casos. De estos, 18 fueron debido al otorgamiento del perdón por parte del ofendido o su desistimiento, 17 por cuestiones de atipicidad o prescripción, y 2 debido al fallecimiento del imputado. Además, 6 casos fueron derivados a otros municipios, mientras que en 4 se suspendieron las investigaciones debido a la insuficiencia de pruebas.

El abuso sexual contra menores de edad es una problemática sumamente grave, según destacó el especialista legal. Esta situación requiere la intervención de todos los actores de la sociedad, especialmente de aquellos encargados de la seguridad infantil, como el Ministerio Público, el poder judicial, los defensores legales y los padres de familia. Es fundamental una acción coordinada y eficaz para proteger a los niños y garantizar que se haga justicia en estos casos tan sensibles.

La problemática del abuso sexual ha dejado su huella en poco más de mil 400 víctimas en diversas áreas de Baja California Sur. Los Cabos encabeza la lista como el municipio con mayor incidencia en este delito, con 638 carpetas de investigación abiertas entre 2020 y 2023, lo que representa casi la mitad del total a nivel estatal durante los últimos cuatro años.

En segundo lugar, se encuentra la ciudad de La Paz, con un total de 553 casos denunciados, seguida de Comondú con 124, Mulegé con 96 y Loreto con 33, según los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De los mil 438 casos de abuso sexual en Baja California Sur, 937 fueron perpetrados contra personas menores de edad, lo que equivale al 65 por ciento del total. Además, en 47 denuncias el delito se agravó al ocurrir dentro del núcleo familiar, como por ejemplo cuando un ascendente abusa de su descendiente, tutores o padrastros.

Además, algunos de estos casos han sido cometidos con agravantes, como el abuso de confianza, el allanamiento del domicilio de la víctima, la complicidad de uno o más autores, la perpetración en lugares despoblados, dentro de instituciones educativas o en entornos laborales. Estos casos en conjunto representan el 2 por ciento del total de los casos registrados.

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¿Existen soluciones para combatir el abuso sexual en menores e incitar a las víctimas a denunciar?

El reciente sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que, en el primer trimestre de este año, solo el 13.8 por ciento de la población de Los Cabos afirmó conocer o haber escuchado sobre actividades o programas implementados por el gobierno local para prevenir la violencia y la delincuencia. Este dato sitúa a Los Cabos entre las cinco ciudades con menor percepción de acciones preventivas a nivel nacional.

Ante esta problemática, se consultó al licenciado Carbajal Figueroa sobre la necesidad de crear nuevas políticas públicas para hacer frente al abuso sexual en menores. En respuesta, hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo campañas a través de medios de comunicación masivos para motivar a las víctimas menores a denunciar los casos de abuso sexual.

“Para los funcionarios públicos, yo creo que deben de analizar si realmente quieren estar en ese papel que les da una responsabilidad mayúscula. Ser funcionarios públicos en cuanto a la persecución de los delitos, porque muchas veces, ante la carga de trabajo, lo que menos quieren es aperturar carpetas de investigación; se excusan, se ve una apatía, no quiero decir en todos, pero en una gran mayoría tienen una apatía por iniciar una carpeta de investigación, se busca la forma de no abrirla e inclusive, aminoran la gravedad del asunto ante las víctimas que van a denunciar”, indicó.

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Carbajal Figueroa enfatizó la necesidad de que el gobierno destine un mejor presupuesto para aumentar el número de agentes del Ministerio Público, garantizando salarios más competitivos y la creación de agencias especializadas dedicadas a proteger los derechos de los niños.

Además, el especialista destacó la importancia de capacitar al personal escolar para proteger el interés superior del menor. Sugirió que los docentes deben estar preparados para proteger a cualquier niño o niña que revele ser víctima de agresiones sexuales, asegurándose de informar de inmediato a las autoridades competentes.

MAEP