No validará Gobernador actos ilegales de Congreso del Estado

La Paz. – Al considerar que el Congreso del Estado enfrenta una grave crisis política y constitucional, el gobernador Carlos Mendoza Davis afirmó que no validará acuerdos, decretos o leyes, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la legalidad y legitimidad o que los 21 diputados titulares se reintegren.

En un mensaje dirigido a los sudcalifornianos, el mandatario estatal marcó su postura frente al conflicto que se vive en el Poder Legislativo desde hace semanas.

Manifestó que en este momento, hay dos mesas directivas y se tienen muchos más diputados, de los 21 que deberían de integrar la décimo quinta legislatura, mismos que fueron electos en el pasado proceso electoral.

Además, señaló que hay duplicidad de comisiones, de cargos y por lo tanto duplicidad de funciones, por lo que este hecho es a todas luces ilegal y afectan los actos que se desprendan del mismo.

Afirmó que para definir la legalidad y la legitimidad de los grupos, existe ya una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Subrayó que ante la gravedad de estos hechos y en virtud de no existir claridad de cuáles actos son legales, para proteger el Estado de derecho ha decidido no ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado, ninguno de los acuerdos, decretos o leyes que ambos grupos aprueben y remitan al Ejecutivo.

Lo anterior, en tanto no ocurra dos supuestos: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie y determine con claridad a qué grupo le asiste la razón, y segundo, que es el escenario deseable, que los 21 diputados y diputadas titulares electos directos para representar a la sociedad, que han sido votados por una mayoría y poseen la legitimidad de la representación ciudadana, privilegien el diálogo y logren dirimir sus diferencias.

Mendoza Davis expuso que en tanto no se dé ninguno de estos escenarios, no hay certeza para dar fuerza legal a los actos de uno y otro y por eso decidió actuar en consecuencia para proteger a los sudcalifornianos.

Puntualizó que actuar de otro modo sería irresponsable, porque el Ejecutivo validaría actos posiblemente ilegales que estarían afectados de nulidad y que agravaría el estado de emergencia que sufrimos.

Sentenció que antes de las diferencias políticas está el bienestar de la gente, antes de los intereses de partidos está el interés público, el país y Baja California Sur y que por la pandemia se viven momentos complicados, que es una situación inédita en más de un siglo y se requiere la unidad.

Consideró que no se puede añadir un delicado componente político a la situación que vivimos, como si no tuviéramos ya suficiente, por lo que reiteró el llamado a los legisladores locales a privilegiar el diálogo y a no actuar de manera que puedan agravar aún más la emergencia de salud que se está enfrentando.