PAN plantea legalidad con condiciones de movilidad tras fin del decreto para regularizar autos

IMG: Archivo Tribuna de México
Tras la conclusión del decreto federal que permitía la regularización de automóviles usados de procedencia extranjera, el Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur manifestó su respaldo al cumplimiento de la ley, aunque subrayó que su aplicación debe ir acompañada de condiciones sociales y de movilidad adecuadas para la población.
El 31 de diciembre de 2025 venció la vigencia del decreto que permitía la regularización de este tipo de unidades. A partir de este año, de acuerdo con información del Gobierno del Estado, las personas interesadas en importar un vehículo deberán realizar el trámite directamente ante la autoridad aduanera, cubrir los impuestos de comercio exterior y cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas Generales de Comercio Exterior.
Al ser cuestionado sobre el camino a seguir tras la conclusión de este beneficio, así como sobre los llamados del Ejecutivo estatal para frenar la entrada de vehículos de procedencia extranjera, el dirigente estatal del PAN, Rigoberto Mares, señaló que la postura del partido es clara a favor de la legalidad, pero advirtió que esta no puede aplicarse de manera aislada.
“Y por supuesto que la autoridad tiene que velar eso, pero la autoridad también tendría que generar las condiciones para que las familias pudieran satisfacer la necesidad de transporte, ya sea a través de la adquisición de un vehículo o a través de una mejora al transporte público, a la vialidad del municipio o del estado. O sea, no puedes solamente querer aplicar una, si no has generado las condiciones para lo otro. Pero siempre nos vamos a manifestar a favor de la legalidad”, expresó.
Mares indicó que lo ideal es que quienes decidan adquirir un vehículo lo hagan cumpliendo con todas las condiciones legales correspondientes, y reconoció que la autoridad tiene la responsabilidad de vigilar su cumplimiento. No obstante, insistió en que dicha obligación debe ir acompañada de políticas públicas integrales que atiendan la necesidad real de transporte en la entidad.
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