Empresas de paquetería de BCS en la mira de la FGR por transporte de fentanilo

Después de que se hiciera público el caso del médico anestesiólogo, Gustavo Aguirre Castro, quien asegura haber adquirido medicamentos controlados de manera legal; se informó que este ha obtenido un amparo mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado investigaciones en su contra y en empresas de paquetería en Baja California Sur (BCS).

De acuerdo con un comunicado de la autoridad federal, en el primer semestre de 2023 se han iniciado 38 carpetas de investigación por delitos contra la salud en la modalidad de transporte. Estas investigaciones involucran aseguramientos de narcóticos, como cannabis sativa, THC, clorhidrato de metanfetamina, fentermina y fentanilo, en diversas empresas de paquetería.

Es importante mencionar que durante la manifestación realizada el 28 de julio, el representante legal de Gustavo Aguirre Castro, informó que el proceso ha sido violatorio, ya que no se incautó el vehículo de la empresa de paquetería que transportaba el fentanilo, permitiendo que llegara hasta la casa del médico antes de proceder a su incautación cuatro días después.

Por otro lado, medios nacionales reportan que la FGR ha iniciado acciones legales contra el médico anestesiólogo, ya que afirma que no cuenta con los permisos necesarios de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) anunciando que se llevará a cabo una audiencia inicial el próximo 8 de agosto.

De acuerdo con el boletín emitido por la autoridad federal, en el domicilio de Aguirre Castro se encontraron ampolletas con fentanilo, efedrina, morfina y tetrahidrocannabinol, durante un cateo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Recientemente, a través de sus redes sociales, Aguirre Castro mencionó que la fiscal que lo ha afectado, a su familia y al gremio de salud, tiene antecedentes de haber querido perjudicar a otra colega del ramo de la anestesiología. Agregó que confía en que las autoridades actúen en respuesta a las denuncias y quejas interpuestas por su defensa por actos de corrupción, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública, lo que le permitió obtener un amparo para evitar su detención.