Plan B de AMLO limita al INE para emitir acuerdos y lineamientos en materia electoral

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Edificio del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur

La iniciativa de reforma electoral, conocida como “Plan B”, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, implica limitaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) para que emita acuerdos y lineamientos para establecer acciones afirmativas a favor de las personas discriminadas históricamente.

Al respecto, el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur, Carlos Omar Arnaud Avilés, dio a conocer que dicha reforma impactará en la operación interna del instituto y sus procedimientos ante, durante y posteriores a la celebración de las jornadas electorales.

“La propia iniciativa plantea una reestructuración profunda del sistema electoral mexicano, la cual, tendría un impacto en la operación del INE, no sólo los procesos, también en las tareas de fiscalización, de orden jurídico, entre otras, así como el cúmulo de actividades que tiene por mandato de ley que ejercer esta institución, pues se verían afectadas”, dijo Armaud Avilés.

En otras palabras, dicha reforma prevé la reducción de la capacidad de la institución para la instalación de las poco más de 100 mil casillas necesarias para los comicios de 2024; limita la capacitación de los funcionarios de casilla; y no garantiza el un escrutinio certero y oportuno.

Asimismo, trastoca un cúmulo de leyes, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley de Medios de Impugnación, que garantizan, por ejemplo, las acciones afirmativas que dan certeza a mujeres, grupos y sectores vulnerados y que en caso de su posible aprobación, el instituto iniciaría los procedimientos de inconformidad ante las instancias correspondientes.

“El Instituto, en calidad de actor afectado por estos ordenamientos, procederá, en su momento conforme a derecho y, en caso de una posible aprobación, pondrá a consideración de las instancias jurisdiccionales los recursos que tenga a bien la propia institución interponer una vez que se conozca o entre en vigor dicho ordenamiento”, remató el vocal secretario. 

El próximo 28 de febrero, según el calendario legislativo federal, la citada reforma electoral será sometida a discusión y en su caso, su aprobación, lo que dejaría un plazo no mayor de un mes para tramitar las impugnaciones de este procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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