Playa del Carmen abre la puerta a regular Airbnb con enfoque preventivo y sin sanciones inmediatas

Playa del Carmen comenzó un proceso gradual para regular las rentas vacacionales tipo Airbnb, una decisión que busca ordenar un mercado en expansión sin frenar la actividad turística ni generar un impacto abrupto entre propietarios y visitantes.

La estrategia parte de un esquema voluntario, respaldado por lo que ya establece la Ley de Turismo, con el objetivo de que los dueños de inmuebles se regularicen antes de que entren en vigor mecanismos de verificación más estrictos. La autoridad local sostiene que el marco legal existe y que ahora el reto es aplicarlo con una transición ordenada.

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Desde Protección Civil, el enfoque inicial estará puesto en la prevención de riesgos, particularmente en aspectos críticos como la correcta instalación de tanques de gas, su vigencia, y las condiciones generales de seguridad de las viviendas destinadas al hospedaje temporal. El criterio es claro: reducir peligros sin criminalizar la actividad.

El argumento central de la medida es la seguridad. Las autoridades consideran que un inmueble turístico no regulado puede representar un riesgo no solo para los huéspedes, sino también para vecinos y comunidades enteras, especialmente en zonas con alta densidad de rentas vacacionales.

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El contexto económico también pesa en la decisión. Durante el fin de año, las plataformas de renta vacacional en Playa del Carmen apenas alcanzaron una ocupación de 58 por ciento, una cifra inferior al desempeño del sector hotelero tradicional, que rozó el 90 por ciento en el mismo periodo.

El contraste se repite a nivel regional. Cancún registró una ocupación de 56 por ciento en rentas vacacionales, confirmando que el crecimiento de la oferta no siempre se traduce en mejores resultados, especialmente cuando el mercado comienza a mostrar signos de saturación.

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Las cifras oficiales revelan la magnitud del fenómeno. En Playa del Carmen operan más de ocho mil unidades de renta vacacional, mientras que en la semana de mayor actividad de diciembre se contabilizaron más de 24 mil unidades activas en todo Quintana Roo, concentradas principalmente en Playa del Carmen y Cancún.

Para el gobierno local, la regulación no busca frenar este modelo de alojamiento, sino integrarlo de manera más ordenada al ecosistema turístico, garantizando condiciones mínimas de seguridad y convivencia, y evitando que la falta de control termine afectando la imagen del destino.

La decisión marca un punto de inflexión en la relación entre autoridades y plataformas de renta vacacional, apostando por una transición gradual que permita corregir riesgos estructurales antes de que los problemas deriven en sanciones o conflictos mayores.

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