Politizar la muerte

“¿Dónde están las lesiones de la espalda que dice su fiscal?”, les preguntó Fabiola García Betanzos a los agentes de la Policía de Investigación de la CDMX que habían ido a Morelos a recoger el expediente de la autopsia de Ariadna Fernanda, una joven que el 31 de octubre de 2022 fue encontrada sin vida en la carretera que lleva a Tepoztlán.

Según la fiscalía de Morelos, la causa de la muerte de Ariadna había ocurrido por broncoaspiración, “secundario a intoxicación etílica”. De acuerdo con la fiscalía de la Ciudad de México, que a petición de familiares de la víctima realizó una segunda necropsia, Ariadna presentaba contusiones múltiples: fracturas y lesiones por golpes que le habían quitado la vida.

El pasado 16 de enero –en medio de la disputa política de años entre el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el fiscal general del estado, Uriel Carmona–, la Fiscalía General de la República emitió su propia opinión: sostuvo que la joven falleció a consecuencia de “traumatismo craneoencefálico, trauma torácico y trauma múltiple”.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se lanzó entonces contra el fiscal, al que acusó del delito de encubrimiento, y exigió que “cualquier feminicidio se investigue, que no se culpe a una mujer de su propia muerte cuando esta ha sido violenta”.

Unos días más tarde, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos soltó un comunicado en el que informaba que desde el 7 de noviembre había solicitado copia de la necropsia practicada por la fiscalía capitalina, y que después de dos meses de negativas recibió por fin una copia simple, sin anexos, del peritaje de necropsia.

El pasado 19 de enero, la comisión estatal volvió a exigir el peritaje, “que incluya las fotografías y demás estudios complementarios del dictamen con que se concluyó que la causa del fallecimiento era trauma múltiple”, a fin de “realizar la comparación” entre ambos dictámenes.

El 9 de noviembre de 2022, tres funcionarios enviados por la fiscalía capitalina a recoger la carpeta de investigación y el peritaje de la necropsia emitido por la fiscalía de Morelos –Noé Godínez Cervantes, Ulises Medina Rivera y Antonio de Jesús Barrios Trejo–, se entrevistaron con la fiscal de feminicidios de aquel estado, Fabiola García Betanzos.

El procedimiento de entrega fue registrado por el notario público número 8, José Antonio Acosta Moreno. García Betanzos mostró a los agentes las fotografías del cuerpo de Ariadna Fernanda, así como del proceso de la necropsia.

Al ver las fotografías, según consta en el acta notariada, Antonio de Jesús Barrios Trejo señaló:

“Yo no soy médico legista, pero sí le puedo decir que tengo más de 15 años de experiencia y le puedo enseñar un cuerpo que sí ha sido golpeado y que ha lastimado órganos vitales y los infiltrados hemáticos que deja. En este caso no vimos eso”.

La fiscal dijo, mostrando una foto del rostro de Ariadna Fernanda en la que se apreciaba una escoriación:

“Es que vea. Esta lesión pertenece…”.

“A la propia fauna”, la cortó Barrios Trejo.

García Betanzos mostró una sucesión de fotografías. “Ustedes tienen experiencia en ver cuerpos que han sido golpeados, magullados, maltratados”, dijo.

El funcionario de la Policía de Investigación comentó: “Desde el momento en que sujetan a un cuerpo ya sin vida y aún con vida se hacen infiltrados”.

“Es más, vean los dientes –dijo la fiscal–. Están intactos. Vea la espalda. ¿Dónde están las lesiones de la espalda que dice su fiscal? Sí, por supuesto trae lesiones… pero estas lesiones no provocan la muerte… ¿Dónde están los daños? ¿dónde están los infiltrados? ¿dónde están?”.

El acta notariada incluye esta respuesta de Barrios Trejo:

“A la misma conclusión yo llego. Teniendo a la víctima así, y un cuerpo así, y al no ver lesiones, yo me baso en lo que los peritos me informan…”.

En la Ciudad de México, la carpeta con el peritaje fue escondida bajo el argumento de que el Incifo se hallaba practicando un análisis y la “intervención pericial”. La comisión de derechos humanos estatal la ha exigido, “para estar en condiciones de garantizar el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas”.

No hay respuesta. Mientras tanto, lo que los funcionarios de la CDMX no vieron en las fotos de la necropsia, ya fue determinado como realidad por la Fiscalía capitalina y por la Fiscalía General de la República.

Una vez más, estamos frente al negocio de politizar la muerte: politizar la muerte y negar el derecho a la justicia y la verdad.