Preparan demandas para ex funcionarios del gobierno estatal

Autoridades estatales dicen que esperarán a que termine la veda electoral para interponer las primeras demandas penales en contra de ex funcionarios de la administración anterior, esto se da conocer en torno a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señalaron irregularidades en el destino de 2 mil 465 millones de pesos de recursos públicos durante el 2020. 

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, refirió que pasando el 10 de abril, será  cuando termine el periodo de veda, procederán legalmente en seguimiento a los informes obtenidos de la auditoría que hizo el actual gobierno a la administración de Carlos Mendoza Davis. 

Dijo también, que a pesar de ser complicada la verificación de gastos efectuados en el periodo que lo precede, sí cuentan con documentos que acreditan anomalías en el uso del dinero público estatal y federal. 

“Se hicieron gastos excesivos pero es difícil poder acusar a alguien de gastón, no hay un delito de Gastón. Y ahora en nuestra área hay quien dice que estamos gastando igual, pero eso no tiene proporción, nada más es querer buscarle mangas al chaleco”, de esta manera se expresó el gobernador del estado tras ser cuestionado por los resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

En un periodo de tres meses, la oficina del jefe de gobierno estatal presentaba gastos de 70 millones de pesos, actualmente en el mismo lapso de tiempo no superan los 22 millones de pesos. 

Asimismo, Víctor Castro puso el ejemplo de otro caso de déficit económico que heredaron de la administración anterior. 

“El hueco financiero que nos dejaron de dos mil millones de pesos para este año, no lo cubrimos ni dejando de pagarle a los trabajadores, pero esto lo tenemos bien documentado. Y no es que los acusemos de corruptos, los acusamos de ‘se pasaron’, porque también hay demasiados gastos que no podemos comprobar”, manifestó.

De igual manera, el mandatario estatal dijo que detectaron una situación en Comondú con una obra realizada por la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur que registró un valor de 60 millones de pesos pero al cotejar las facturas notaron que los costos fueron por 30 millones de pesos. 

Finalmente, resalta que debido a los resultados de la auditoría federal del 2020, Baja California Sur es el séptimo estado con mayor cantidad de recursos observados y no justificados a nivel nacional.