Presidenta de la CEDH solicita la destitución de consejeros en BCS

La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, solicitó al pleno legislativo del estado la destitución de varios consejeros que conforman el organismo autónomo, luego de que los tribunales penales decretaron tras una audiencia que fue ilegal la toma de la sede oficial que duró más de 8 meses en la ciudad de La Paz.

La titular de la CEDH, expuso sus razones, señalando que los consejeros incurrieron en prácticas que a su juicio comprometen la integridad y el funcionamiento de la comisión, después de una intensa batalla legal que inició con las denuncias en su contra por presuntos actos de abuso de poder y hostigamiento laboral en agravio de sus colaboradores.

“Como lo solicité al congreso del estado, evidentemente hay más de una infracción a la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la cual, estos consejeros que se autonombran presidentes y simulan mi destitución y quienes generaron todo el ataque con el objetivo de hacerse de la comisión por medios violentos. Se entregó al congreso la petición y las evidencias, solicitando yo en calidad de presidenta la designación de nuevos consejeros.”

Charlene Ramos, enfatizó que es fundamental que quienes integran la comisión de derechos humanos actúen con responsabilidad y ética, ya que la confianza del público se basa en la capacidad del trabajo en conjunto para proteger los derechos de todos los ciudadanos.

“Por supuesto esto corresponde únicamente al congreso del estado realizar todo este proceso y la designación de nuevos consejeros y consejeras que entiendan cual es la función de un consejero o consejera ciudadana, que es velar por los derechos humanos y no por sus intereses personales en esta lucha encarnizada por el poder que ellos han determinado desde el 8 de enero pasado.”

A medida que la solicitud avanza, se espera que el asunto sea discutido en las próximas sesiones del Congreso del Estado y del pleno de la CEDH, donde se tomarán decisiones sobre el futuro de los consejeros implicados. El objetivo es llegar a una resolución que no solo responsa a las inquietudes planteadas, sino que reafirme el compromiso de la institución con la promoción y protección de los derechos humanos en Baja California Sur.