El presupuesto de egresos de la federación y su impacto social

La pobreza multidimensional es un concepto que engloba aspectos de bienestar económico y de derechos sociales, entendidos como carencias sociales. Una persona se encuentra en este tipo de pobreza si sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y además tiene alguna de las siguientes carencias sociales: alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y/o de servicios básicos de la vivienda.

En los últimos cinco años, el porcentaje de personas en situación de pobreza se ha reducido en cerca de 5.6%, es decir, pasó de 51.9 millones de personas en 2018 a 46.8 millones para 2022, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La reducción de la pobreza en México comprobada por el Coneval apunta que el país redujo en 8.9 millones el número de pobres de 2020, año protagonizado por la pandemia de COVID, a 2022, pasando de los 55.7 millones de pobres a los 46.8.

A pesar de la baja en las personas pobres, se detectó un incremento en las personas que declararon tener problemas económicos relacionados con la atención sanitaria, de un 16.2 por ciento de la población en 2018 a un 39.1 por ciento en 2022. La Coneval dijo en un informe anterior que el crecimiento de ese indicador en el 2020 puede deberse a la reestructuración generalizada del sistema de salud bajo la administración de López Obrador y a los efectos de la pandemia.

Por su parte, el Gobierno Federal ha tomado acciones para enfrentar los impactos, económicos y financieros ocasionados por las secuelas económicas ocasionadas por la pandemia de la COVID-19 y la profundización de los riesgos geopolíticos y en apego al enfoque federal se consideran tres pilares fundamentales: 1. Los apoyos sociales para el bienestar, 2. La estabilidad y solidez de las finanzas públicas y, 3. El apoyo a proyectos regionales.

En razón a lo anterior, con base al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el Paquete Económico 2023, tiene como objetivo principal generar bienestar para la población, dirigiéndose al camino del crecimiento, con una disciplina fiscal para el fortalecimiento a la salud y a la educación. De acuerdo con datos del ejecutivo federal, para diciembre de este 2023, habrá 50 millones de mexicanos con beneficio a un programa de apoyo en dinero; 15 millones de esos mismos con acceso a dos programas y 8 millones con el alivio de tres programas. ¿Quién paga esto? Los contribuyentes.

Es importante subrayar que la disminución de las carencias sociales no debería atribuirse totalmente a un aumento en el presupuesto de los programas federales, ya que existen otros programas y acciones de orden estatal o municipal, así como fondos y ramos federales con objetivos similares. De igual manera, debe considerarse que la evolución de la pobreza y sus carencias se explica en gran medida por el crecimiento y desarrollo económico del país. El tema del presupuesto y su impacto social cobra mayor relevancia ante siniestros como el huracán Otis que obliga a una bolsa extraordinaria para presupuestar en el 2024 y que el ejecutivo no sabe de dónde obtener. Esto en gran medida gracias a la utilización del dinero proveniente del FONDEN que se destinó a EL TREN MAYA.

La medición de la pobreza con un enfoque de derechos ha permitido, por un lado, identificar el volumen de la población que tiene o no acceso a los pisos mínimos para poder ejercerlos, mediante el análisis de carencias sociales y, por otro lado, si cuenta con ingresos suficientes para adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria a partir del análisis de la dimensión de bienestar económico.

Si bien esta información es útil para mejorar la focalización y el impacto de los programas destinados a la superación de la pobreza, también es importante centrar la atención en las medidas orientadas al ejercicio efectivo de los derechos sociales.

Es necesario mejorar la progresividad de las transferencias públicas y programas sociales y, en particular, asegurar la inclusión de las personas en situación de pobreza extrema, con especial atención a la población sin seguridad social y aquellos de menores ingresos. El seguro popular fue una herramienta de salud de gran beneficio que el actual gobierno canceló y cuyos recursos los destinó, entre otros al AIFA y tren transístmico, cuya operación la tendremos que pagar los contribuyentes. Cabe destacar que en el presupuesto 2024 ya se le asignó una partida presupuestaria considerable para este fin.

Mientras que en materia de salud AMLO desea un sistema como Dinamarca (27 diciembre 2022 mañanera), el presupuesto 2024 no registra la asignación para contar con el mínimo de servicio que los derechohabientes pagan. Desde el sector empresarial hacemos votos y trabajamos día a día por mejorar las condiciones de vida de los colaboradores de nuestras empresas, esta tarea es bidireccional, de parte de los trabajadores se requiere el esfuerzo para elevar la productividad el beneficio será para ambos sectores y un mejor entorno social.