Procesan a 11 policías en Chiapas por omisiones ligadas a la quema de bares y ocho desapariciones
Foto: Cuartoscuro
En un despliegue que abarcó a más de 150 elementos policiacos, la Fiscalía estatal determinó presentar ante un juez a 11 agentes como imputados por la presunta comisión de delitos relacionados con el uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.
La medida que se desencadenó tras la violencia registrada a finales de diciembre de 2025 en Villaflores.
Judicializan a uniformados en medio de crisis de inseguridad
Durante el operativo de revisión, que incluyó análisis de expedientes personales, laborales, de control y confianza así como la revisión de alrededor de 200 teléfonos celulares, 156 policías fueron citados ante la autoridad para evaluación.
De los oficiales, 145 quedaron libres bajo reserva de ley, lo que significa que pueden ser llamados nuevamente a declarar o para ampliar la investigación.
El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo que además del uso indebido de atribuciones, los 11 procesados podrían enfrentar cargos adicionales por una modalidad de “halconeo”.
El “halconeo” es un delito recientemente actualizado en el Código Penal estatal con agravantes de hasta 15 años de prisión.
Esto podría haber facilitado acciones delictivas a través de medios tecnológicos, como drones o redes sociales.
Contexto de violencia: Bares incendiados y ocho desaparecidos
Los hechos que detonaron estas acciones ocurrieron la madrugada del 27 de diciembre de 2025 en Villaflores, cuando un grupo armado arribó a dos establecimientos:
- El bar La Kábala Sport Bar
- Y un karaoke discoclub,
Los incendió y levantó a ocho personas, entre ellas empleados y clientes.
Tras varios días de búsqueda, seis de los ocho desaparecidos fueron localizados sin vida en zonas rurales cercanas, mientras que las autoridades lograron liberar a uno de los secuestrados y continuar la búsqueda de los demás.
Las víctimas incluyen meseros, empleados de seguridad y propietarios de los locales atacados.
Además, en el operativo conjunto participaron fuerzas federales, estatales y municipales, asegurando vehículos clonados, armas y deteniendo al menos siete personas vinculadas directamente con los ataques.
Implicaciones en seguridad y justicia
El procesamiento de estos 11 policías representa un punto de inflexión clave en el debate sobre corrupción y colusión entre autoridades y crimen organizado en Chiapas, un estado que ha experimentado enfrentamientos entre grupos delictivos por el control de rutas y territorios que conectan con Centroamérica.
Especialistas en seguridad pública señalan que la judicialización de uniformados no solo responde a hechos específicos, sino que también envía un mensaje a las corporaciones sobre la obligación de actuar con legalidad y autonomía ante presiones criminales.
En este contexto, la actualización del delito de halconeo buscaría acotar el uso de tecnologías y tácticas modernas que facilitan operaciones de grupos armados.
Mientras avanza el proceso penal contra los elementos acusados, la Fiscalía de Chiapas continúa las investigaciones sobre posibles vínculos entre las acciones violentas y redes del crimen organizado.
Todo con el objetivo de esclarecer el caso y reforzar las capacidades institucionales para prevenir hechos similares en el futuro.
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