Proponen castigar con cárcel a quien tire basura en la vía pública en Baja California Sur

Con el objetivo de combatir la contaminación y promover una cultura ambiental más responsable, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para tipificar como delito el acto de tirar basura en la vía pública o en espacios prohibidos en Baja California Sur.

La propuesta fue presentada el martes 24 de junio de 2025 durante una Sesión Pública Ordinaria ante el Congreso del Estado, como parte de un proyecto de decreto que adiciona los artículos 367 Bis y 367 Ter al Código Penal estatal.

“La propuesta consiste en que se impondrán de uno a tres años de prisión o de 100 a 500 días de multa y/o de cien a doscientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad a quien tire, deposite, arroje, abandone o descargue basura, residuos sólidos, urbanos, escombros, sustancias contaminantes o desechos de cualquier tipo cuyo volumen sea menor a un metro cúbico en la vía pública”, expresó Agúndez Cervantes.

La iniciativa también contempla sanciones más severas si el volumen arrojado es igual o superior a un metro cúbico, aumentando las penas hasta en una mitad. Además, organizar o promover tiraderos clandestinos también sería considerado delito.

“Se contempla establecer como delito a quien o quienes promueva u organice tiraderos clandestinos, también conocidos como basureros ilegales o basureros a cielo abierto, los cuales son lugares donde se depositan residuos sólidos de forma irregular, sin la debida gestión ni control técnico, mismos que pueden generar problemas ambientales, sociales y de salud pública, como la contaminación del agua, suelo y aire, la proliferación de plagas y la degradación del paisaje”, agregó.

El legislador recordó que Baja California Sur ocupa el primer lugar nacional en generación de basura per cápita, con un promedio de 1.5 kilos de residuos diarios por persona. Actualmente, tirar basura en la calle solo implica una multa económica, que en la mayoría de los municipios del estado va de 500 a poco más de 1,200 pesos, montos que —según el diputado— no corrigen la conducta ni disuaden.

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El propósito final de esta reforma es endurecer las sanciones y generar un cambio en la cultura ciudadana respecto al manejo responsable de residuos, especialmente en un estado con alta vulnerabilidad ambiental.