Rajoy declara como testigo en el juicio a los separatistas catalanes
Madrid, España | AFP
El ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy acusó este miércoles a los independentistas catalanes de querer “liquidar la soberanía nacional” organizando el referéndum ilegal de octubre de 2017, durante su esperada comparecencia en el juicio por esos hechos.
El ex dirigente conservador de 63 años, en el poder durante el intento de secesión de octubre de 2017, tomó la palabra en el Tribunal Supremo poco después de las 16H00 (15H00 GMT) ante los siete jueces, y con ocho de los 12 acusados sentados detrás de él.
La fiscalía reclama entre 7 y 25 años de prisión para los doce procesados, juzgados por la organización de un referéndum el 1 de octubre de 2017 marcado por la violencia policial y la proclamación de una “república catalana independiente” el 27 de ese mes.
Desde un principio, el antiguo dirigente arremetió contra los independentistas catalanes: “desde el primer momento (…) tuvieron claro que mientras fuera presidente del gobierno Mariano Rajoy no habría referéndum” ni iba a “liquidar la soberanía nacional”.
“Se intentó” pero “no hubo ningún referéndum”, enfatizó Rajoy.
Y visiblemente enfadado a preguntas de la defensa, reiteró: “Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional (…) Y lo peor de todo este asunto es que lo sabían”.
– Declaración en precampaña –
El líder conservador dirigió España desde diciembre de 2011 y hasta la caída de su gobierno el pasado junio en una moción de censura, motivada por una condena a su formación, el Partido Popular (PP), en un sonado caso de corrupción.
Aunque abandonó la política en junio, “lo que diga no va dejar a nadie impasible”, dice Paloma Román, politóloga en la Universidad Complutense de Madrid, ante el virulento debate político en España ante la cercanía de unas elecciones legislativas anticipadas el 28 de abril y las municipales, regionales y europeas del 26 de mayo.
De hecho, lo citó el partido de ultraderecha Vox, que ha aprovechado la crisis catalana para ganar espacio de forma fulgurante en la escena política, especialmente a costa del Partido Popular.
La formación participa en el juicio como acusación popular, una singularidad del sistema judicial español.
A menudo, Rajoy ha sido acusado de alimentar el independentismo. Estando él en el poder, el partido nacionalista Convergencia, ahora rebautizado como PDeCat, dio un giro al separatismo, lo que disparó al 47,5% el porcentaje de voto independentista en las elecciones catalanas de diciembre de 2017.
La izquierda le reprocha “no haber tratado de resolver políticamente el problema” y la derecha “no haber actuado antes”, resume el politólogo Fernando Vallespín.
Rajoy “no hizo política, hizo derecho”, añade este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, recordando que “siempre recurría al Tribunal Constitucional para que fuera parando todas las iniciativas de los independentistas”.
– Discrepancias sobre la violencia –
Antes del ex mandatario declaró su antigua mano derecha, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que acusó a los independentistas de persistir en organizar el referéndum prohibido “sabiendo que la violencia podía producirse”.
Admitió que las imágenes de la actuación policial del referéndum “no son agradables a la vista”, pero que se podrían haber evitado si los independentistas no hubieran llamado a los electores a formar “murallas humanas” para impedir la incautación de las urnas.
También compareció como testigo el expresidente catalán Artur Mas (2010-2016) que reivindicó la voluntad de los independentistas de “evitar cualquier atisbo de violencia”.
“Pensé que la reacción del gobierno central nunca sería mandar a las fuerzas de orden público” el día del referéndum “y me equivoqué”, dijo Mas, juzgando “poco inteligente” esa decisión de Madrid.
Protagonista indiscutible de la crisis catalana, Rajoy está en la génesis del conflicto desde 2006, cuando plantó batalla al nuevo estatuto de autonomía regional, que le confería más competencias a Cataluña y la definía como “nación” dentro del Estado español.
En 2010, el Tribunal Constitucional lo impugnó parcialmente, punto de inflexión para muchos del auge del independentismo.
Justo después de la declaración de independencia de octubre de 2017, Rajoy decretó la toma de control de la administración regional, destituyó al gobierno de Carles Puigdemont y disolvió el Parlamento regional.
Apenas dos meses después, en las elecciones regionales convocadas por él mismo, los independentistas retomaron de nuevo el control de la cámara.
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