Rechaza Mendoza Davis desacato del congreso; ampliará controversia

El Gobernador Carlos Mendoza Davis en un mensaje a los ciudadanos de Baja California Sur sobre lo sucedido en el Congreso del estado el sábado pasado donde legisladores de Morena destituyeron a 5 diputados de oposición, amonestación de 3 y nombraron a suplentes como diputados sustitutos hecho que consideró de gravedad mayúscula, aseveró que se trata de un acto que no solo viola la orden expresa de un juez federal, sino que pasa por alto un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este hecho, recalcó pretende invalidar el voto emitido por miles de sudcalifonianas y sudcalifornianos e igualmente grave, las minorías opositoras pretenden ser primero destituidas y después seguramente destruidas por una mayoría insensata e irracional.

Considero que es un antecedente peligrosísimo para la democracia mexicana que de ninguna manera podemos permitir y de ninguna manera voy a convalidar.

Lamentablemente lo instruido por la Corte no fue atendido por el Congreso y, por tanto, afecta de nulidad, por ilegales, los actos que ha realizado, desde entonces, y realiza hasta ahora, la mayoría artificial., observó el titular del ejecutivo estatal .

“De inmediato hice un llamado enérgico y urgente para que impere el estado de derecho y se respeten las decisiones del Poder Judicial Federal como garante del equilibrio en las relaciones entre el Ejecutivo que represento y el legislativo en Baja California Sur”, observó.

El fallo fue claro:  todos los actos posteriores a esa sesión son inválidos, por lo que en línea con lo determinado por la Suprema Corte, me abstuve de publicar acuerdos, leyes, y decretos que fueron aprobados posteriormente a esa sesión.

Al no cumplirse con lo solicitado por el Poder Judicial Federal, la sesión del pasado 22 de agosto es también a todas luces ilegal y, por ende, inválida.

Por si esto no fuera suficiente, el grupo de los ocho diputados que fueron ilegalmente sometidos a juicio político, goza de los beneficios de una suspensión concedida por la juez segundo de distrito en Baja California Sur que expresamente concedió la suspensión a los demandantes e instruye al Congreso se abstenerse de dictar resolución definitiva dentro del juicio político referido.

La decisión de destituirlos y amonestarlos representa una flagrante violación a la Ley de Amparo. 

Más aún, materializa la comisión del delito de desacato por parte de los diputados y diputadas que votaron la resolución el pasado sábado. 

Es de nuestro conocimiento que la violación a la suspensión ha sido ya debidamente notificada y denunciada por parte de los agraviados a la Juez de Distrito que la emitió, quien en términos de Ley habrá de pronunciarse en breve al respecto.

“Por mi parte, tras un análisis exhaustivo de las implicaciones jurídicas que el hecho tendrá, no sólo para el Estado de Derecho y el funcionamiento del Congreso, sino para la vida de las y los sudcalifornianos, y dada la naturaleza grave de los actos  y sus repercusiones jurídicas, anunció que ampliará la demanda de controversia constitucional, para que sea nuestra máxima autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que valore y se pronuncie nuevamente sobre la legalidad de los hechos suscitados”. Aseveró.

Lamentó que los diputados locales de Morena y el Partido del Trabajo desacaten determinaciones de la autoridad judicial. Con ello violentan flagrantemente el principio de división de poderes que curiosamente, tanto reclaman se respete.

Pero lamentó aún más que sean insensibles al momento de dolor, angustia e incertidumbre que padecemos todas las familias del estado.

Y anticipó que lo sucedido en el Congreso retrasará aún más acciones importantes para los ciudadanos, respuestas a sus problemas, entre otros, la construcción de la tan necesitada planta desaladora para suministrar agua potable al municipio de Los Cabos, proyecto en el que de manera activa, el gobierno que presido ha venido participando y en repetidas ocasiones he solicitado el Señor Presidente de la República, la más reciente de ellas, en su visita a Baja California Sur, precisamente al municipio de Los Cabos, el pasado 7 de agosto.

Para  lograr la materialización de ese y otros proyectos, el Congreso debe autorizar al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Los Cabos comprometan como garantía para su financiamiento sus participaciones de ley. 

Si posteriormente, como ya sucedió, la autoridad judicial determina que la integración del Congreso es ilegal al no participar las 21 diputadas y diputados electos por medio del voto ciudadano, dicha autorización y cualquier otra serán determinadas ilegales.

De no resolverse el problema, sucederá lo mismo con el proyecto similar que se esta buscando para la ciudad de La Paz y, seguramente, con muchos mas que pudieron haberse materializado si cada quien hiciera su trabajo y cumpliera a cabalidad con la ley.

Por eso, habrá  que esperar a que se pronuncie de nuevo la autoridad judicial sobre su conformación legal. 

En tanto eso no suceda, de nueva cuenta me abstendré de publicar en el boletín oficial decreto alguno que contenga resoluciones del Congreso, remarcó.

Llamo a los ciudadanos a que no los quieran confundir, seguramente el Congreso aprobará en breve, con su integración espuria, el proyecto de la desaladora en Los Cabos con el que, quiero dejarlo absolutamente claro, no solamente tengo total coincidencia sino que he sido su principal promotor.

No tendría ningún sentido que, como Gobernador, se lo hubiera solicitado en repetidas ocasiones, públicamente al Señor Presidente si no creyera en él. Mi gobierno ha trabajado afanosamente desde que inició mi administración en el año 2015 para lograrlo, incluso poniendo a disposición el otorgar garantías con recursos estatales para lograr su materialización, recalcó. 

Hizo un llamado a los legisladores a reflexionar con la división que impera quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, concluyó en su mensaje de esta mañana el Gobernador de la entidad Sudcaliforniana.