Repartidores acusan pérdida de 30% en ingresos por piloto del IMSS

A tres meses y medio del arranque del programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incorporar a trabajadores de plataformas digitales, los repartidores aseguran que el modelo ha resultado más costoso que benéfico. Edgar Balderas, vocero de Repartidores Unidos de México (RUM), afirma que los ingresos de muchos de sus compañeros se redujeron hasta en 30%, mientras los pedidos disminuyeron y las obligaciones fiscales crecieron, dejando en duda la viabilidad del proyecto en su formato actual.

El nuevo esquema del IMSS divide los ingresos en dos partes: la ganancia neta y los gastos operativos. Solo la primera sirve como base para calcular la aportación a la seguridad social, lo que en la práctica recorta el dinero disponible para los trabajadores, quienes además deben cubrir combustible, mantenimiento o renta de vehículos. La reducción reciente del porcentaje reconocido como gasto operativo amplió esa presión: en el caso de los motociclistas bajó de 50 a 40%, para los conductores de 60 a 55%, y para repartidores no motorizados de 15 a 12%. Es decir, una mayor fracción de sus ingresos ahora es considerada salario base y, por tanto, sujeta a retenciones.

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El resultado, según Balderas, es que “en el papel tenemos más derechos, pero en la cartera hay menos dinero”. RUM sostiene que las plataformas ajustaron tarifas y absorbieron parcialmente los costos del piloto, pero que, en última instancia, los repartidores están asumiendo la mayor carga. Uber, por ejemplo, reconoció un incremento del 7% en sus tarifas para cubrir parte de las aportaciones, sin que ello se traduzca en mejores ganancias para los conductores o repartidores.

Desde el sector empresarial, AlianzaIn México —que agrupa a Uber, DiDi y Rappi— reconoce que el piloto avanza, pero advierte que aún requiere ajustes técnicos antes de consolidarse como política permanente. En un comunicado, la organización destacó la coordinación con el IMSS en temas como registro, actualización salarial y calificación de riesgos laborales, pero admitió que la información todavía es insuficiente para una evaluación integral. Las plataformas piden más claridad sobre cómo se calcularán los ingresos netos y cómo se garantizará la continuidad del acceso a los servicios médicos.

Pese al diálogo institucional, los repartidores afirman que la realidad sigue distante de los acuerdos. Las incapacidades médicas tardan, el personal del IMSS no siempre reconoce su figura laboral y muchos optan por seguir usando seguros privados que, aunque más rápidos, dependen de la empresa y ofrecen coberturas limitadas. “Si pudiera regresar en el tiempo, preferiría no tener seguridad social”, dice Balderas, reflejando la frustración de quienes esperaban un beneficio y encontraron una nueva carga económica.

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Como si no bastara, un nuevo frente amenaza con agravar la situación: el impuesto del 2% al uso de vías públicas que la Ciudad de México busca aplicar a las plataformas de reparto. Aunque el gravamen está dirigido formalmente a las empresas, los repartidores temen que el costo se traslade a ellos. Este impuesto, suspendido en junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerarlo inconstitucional, podría revivir tras una nueva revisión impulsada por las propias plataformas, que alegan trato fiscal discriminatorio.

Tanto RUM como AlianzaIn han solicitado a la Corte no aprobar la medida, argumentando que el impacto alcanzaría no solo a los repartidores, sino también a pequeños comercios y consumidores. El sector digital advierte que imponer este tipo de impuestos puede frenar la innovación y dañar la competitividad del país dentro del T-MEC, al tiempo que los trabajadores enfrentan el dilema de seguir en un sistema que les promete formalidad, pero les resta estabilidad financiera.

Para miles de repartidores, el piloto del IMSS se ha convertido en una encrucijada entre la seguridad y la subsistencia. Aunque reconocen el valor de contar con derechos laborales, el modelo actual ha dejado más obligaciones que beneficios. Mientras el gobierno defiende el programa como un paso hacia la formalización, en las calles crece la percepción de que el costo de la “protección social” lo están pagando ellos, peso a peso, pedido a pedido.

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