Poderes del estado se “echan la bolita” en el caso “Pérez Cayetano”

La Procuraduría General de Justicia espera que los diputados inicien el procedimiento de desafuero, pero los legisladores quieren que la procuraduría mande una notificación.

Poderes del estado de Baja California Sur se deslindan de responsabilidades en cuanto al posible desafuero y proceso judicial que tendría que seguir el diputado Juan Pérez Cayetano, por el supuesto de violencia sexual del que se le acusó durante la sesión legislativa del pasado martes.

Debido a que no se ha emitido ninguna notificación oficial al presunto acusado, el Procurador General de Justicia del Estado, Daniel De la Rosa Anaya, fue cuestionado respecto a si es necesario que el poder legislativo realice un juicio especial para quitarle el fuero al legislador.

“Es un procedimiento especial, no es para cualquier ciudadano. Sí tiene la necesidad de una declaración de procedencia que debe aprobarse, es prácticamente un juicio que se hace en la cámara de diputados y ellos determinan si procede o no, y si procede entonces se lleva ante el juez de control respectivo”, declaró. 

El titular de la procuraduría no dejó en claro cuál es el proceso que deben seguir los diputados, sólo dijo que está contemplado dentro de la Constitución Política de Baja California Sur.

 Por otra parte, la diputada presidenta de la actual mesa directiva del Congreso, Gabriela Montoya Terrazas, dijo que debe ser el procurador quien notifique a la cámara legislativa para que inicien un juicio interno.

“Me preguntaban del desafuero y les digo que la Procuraduría tiene que notificarnos, lo tiene que solicitar. Nosotros no podemos quitar nada que no se ha pedido de manera jurídica”, precisó. 

La representante legislativa precisó que si así lo dictamina la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), procederán con el desafuero de Pérez Cayetano, mientras tanto serán respetuosos de la ley.

Dijo también, que hasta el momento no han discutido la posibilidad de eliminar el fuero a todos los diputados así como a otros servidores públicos, sin embargo, agregó a título personal que todas las personas deben estar en igualdad de circunstancias para defenderse legalmente y ser juzgadas de la misma forma.