Seis personas aspiran al cargo de fiscal Anticorrupción de Baja California Sur

Este martes se cerró la convocatoria para formar parte de la terna que competirá por la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. En total, fueron seis los aspirantes que presentaron su documentación. 

En este sentido, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, Guillermo Lara Morales, mencionó que la selección comprende varios filtros, incluyendo entrevistas con la Comisión de Selección  y exámenes ante el Centro Federal de Control de Confianza, por lo que el proceso durará varios meses. Al final, será la terna será presentada en el Congreso del Estado, donde se elegirá al fiscal

“Posiblemente por los tiempos ya no alcance a presentarse en este periodo legislativo y entraríamos en el segundo periodo. Para más o menos septiembre u octubre se presentaría la terna. Entonces la aspiración que tenemos como Comisión y como Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción es que en este mismo año ya tengamos nuestro fiscal Anticorrupción”, expresó.

Aunque Baja California Sur será el último estado en contar con un fiscal Anticorrupción, Lara Morales destacó que la manera en la que este será designado difiere del resto de las entidades.

“Fueron designados bajo tres opciones: una, directamente por el gobernador; la otra, tomó la atribución el Congreso de cada estado y ellos mismos propusieron su terna y eligieron; y la última opción fue que el procurador, que hoy en día la mayor parte de los procuradores estatales son fiscales, designó a su fiscal a Anticorrupción”, explicó.

El titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción permanecerá siete años en el cargo. El presidente del Comité de Participación Ciudadana recordó la relevancia de que Baja California Sur cuente con esta figura.

“Cabe destacar que este fiscal de Combate a la Corrupción lo que va a sancionar es fundamentalmente a los servidores públicos, y va a revisar lo que son las faltas administrativas graves, porque las faltas administrativas menores o que no conllevan a delitos penales las sancionará el Auditor Superior del Estado o bien la Contraloría General del Estado”, detalló.

Entre los delitos que sancionará se encuentran peculado, soborno, tráfico de influencias, vínculos con el crimen organizado, y todos aquellos casos donde se transgrede el servicio público y es utilizado para fines personales.